Sospechosos de pertenecer a una banda criminal son trasladados en un camión policial durante una operación contra las pandillas en Soyapango, El Salvador. (16.08.2022)
«No estamos defendiendo pandilleros (…) es un acompañamiento jurídico legal de personas detenidas de manera ilegal y arbitraria», dijo el activista Stanley Quinteros.
Los familiares de más de 80 detenidos durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde fines de marzo para combatir a las pandillas, pidieron su liberación el viernes (19.08.2022) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Socorro Jurídico de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que reúne a sindicatos y organizaciones críticas del gobierno de Nayib Bukele, acompañó la presentación de diversos Habeas corpus ante el órgano judicial.
Stanley Quinteros, coordinador adjunto de la citada alianza, denunció que agentes de la Policía habrían intentado evitar la presentación de los recursos y la comparecencia ante la prensa.
Agregó que los hábeas corpus son a favor de personas inocentes «detenidas de manera injusta» bajo el régimen de excepción, cuya extensión ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa en cinco ocasiones.
«No estamos defendiendo pandilleros, no estamos defendiendo estructuras criminales», sino que es un «acompañamiento jurídico legal de personas que han sido detenidas de manera ilegal y arbitraria», quienes además son «de estratos sociales muy bajos», indicó.
Una familiar de los detenidos dijo a periodistas que desde hace dos meses desconoce el paradero de su pariente. Quinteros indicó que son casi 2.000 hábeas corpus los que ha recibido la Corte Suprema, los cuales «no han sido resueltos».
De acuerdo con cifras oficiales, desde finales de marzo se han detenido a 50.272 personas, señaladas por las autoridades de pertenecer a las pandillas o tener vínculos.
Según datos divulgados por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, 653 personas han sido liberadas por «decisión judicial» y más de 44.000 fueron presentadas ante los tribunales.
Informes de la prensa local y de organizaciones civiles señalan que son al menos 69 las personas muertas en custodia estatal.
gs (efe, elsalvador.com)