La abogada Raquel Caballero de Guevara será la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en los próximos tres años.
La profesional en derecho fue elegida con 67 votos y será la encargada de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de los salvadoreños durante los próximos tres años.
Tras ser electa con 67 votos, la profesional fue juramentada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y asumirá su cargo el próximo 16 de octubre.
El nombramiento de Caballero se realizó en la sesión plenaria número 77 de la nueva Asamblea Legislativa, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Constitución de la República para designar en el tiempo oportuno a los funcionarios que le compete elegir al Órgano Legislativo.
Durante el proceso de elección del nuevo funcionario, la Asamblea Legislativa recibió las postulaciones de nueve abogados que fueron entrevistados por los diputados de la Comisión Política. La población pudo conocer los perfiles de cada uno los candidatos por medio de los medios de comunicación y redes sociales de la institución.
Tras analizar las hojas de vida de cada uno de los candidatos, los legisladores de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) coincidieron que el perfil de Caballero era el idóneo para dirigir la institución.
Caballero de Guevara suplirá en el cargo de procurador a Apolonio Tobar, quien fue nombrado por la anterior legislatura y concluirá su período el próximo 15 de octubre.
La funcionaria cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Además, fungió como jueza de la Familia en Usulután, fue fundadora de los Juzgados de Familia en El Salvador y, entre 2016 y 2019, se desempeñó como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.
El artículo 194 de la Constitución de la República establece que son obligaciones del procurador: velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de los salvadoreños, investigar de oficio o por denuncia casos de violaciones a los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de violaciones y promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos.
Además, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dicta que, durante el ejercicio de su cargo, el procurador no dependerá de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado y solo estará sometido a la Constitución y a las leyes de la República.