Entrada principal de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua. Imagen: Oswaldo Rivas/AFP/Getty Images
La Universidad Centroamericana (UCA) era el centro de estudios superiores más importante y prestigioso del país.
La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua anunció el miércoles (16.08.2023) la suspensión de todas sus actividades, luego de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un «centro de terrorismo».
«Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales», dijo la UCA en una nota dirigida a la comunidad universitaria, en alusión a las protestas de 2018 que dejaron más de 350 muertos.
Fundada en 1960 por sacerdotes de la Compañía de Jesús, la universidad explicó que recibió un oficio que notificaba la incautación, ordenada por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria Saavedra Corrales.
En el oficio «se ordena que la incautación de todos los bienes descritos (…) sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos», señaló la universidad, que anunció también la suspensión de sus actividades académicas y administrativas desde este día.
El gobierno de Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia Católica. El obispo de Matagalpa (norte) Rolando Álvarez está preso desde agosto de 2022 y en febrero pasado fue condenado a 26 años de cárcel, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos. Al menos hay otros dos sacerdotes detenidos por supuestos delitos comunes.
Las autoridades nicaragüenses habían dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada, aunque esa información solo circuló en medios de prensa independientes.
El gobierno no ha emitido información sobre la denuncia de la UCA, que se convierte en la universidad número 27 en ser clausurada y confiscada por el gobierno sandinista desde diciembre de 2021, una medida que ha sido criticada por organismos de derechos humanos y figuras de la academia.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús reaccionó con una declaración en la cual rechazó por «totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones” del gobierno contra la UCA y destacó su «prestigiosa labor docente e investigativa” durante sus 63 años de existencia.
Señaló que esta «nueva agresión gubernamental” no es «un hecho aislado”, ya que desde 2018 la UCA ha venido sufriendo «constante asedio, acoso y hostigamiento” de las instituciones gubernamentales, a través de la no extensión de certificaciones de parte del Ministerio de Gobernación y otras entidades y de su exclusión de un fondo estatal destinado a la educación superior.
Ortega aplastó la rebelión social de 2018 con fuerzas policiales y paramilitares fuertemente armados, y acusó a la oposición y a los líderes estudiantiles, así como a los obispos de la Iglesia católica, de participar en «un fallido golpe de Estado” para derrocarlo.
gs (afp, efe, ap)