La figura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos nació en El Salvador como resultado de los acuerdos de paz que pusieron fin al enfrentamiento armado de la década de los ochentas. Posteriormente, se recomendó su fortalecimiento por la Comisión de la Verdad, la cual, se constituyó como resultado de otro acuerdo negociado.
El tema de los derechos humanos ocupó las primeras negociaciones y fue tema cardinal durante el proceso de diálogo. Esto debía ser necesariamente así porque un elemento decisivo que condujo al estallido del conflicto armado fue la violación reiterada de los derechos humanos por ambas partes.
Puede decirse, desde el punto de vista humano, que la guerra no fue más que el encadenamiento de sucesivas violaciones a los derechos a la vida y a la seguridad, en la mayor parte de casos, de personas no combatientes.
Tales violaciones generaron una presión internacional que empujó a los sectores a la mesa de negociación. El tema de los derechos humanos fue uno de los tres primeros propósitos en mencionarse como objetos de la negociación en Ginebra, en abril de 1990. En el acuerdo de Caracas en mayo del mismo año fue tema central dentro de la agenda. En julio del mismo año el tema de los derechos humanos se convirtió en el primer y único acuerdo de la negociación en San José. Ambas partes sabían que si la guerra llegaría a su fin sería solamente por asegurar a cada ciudadano sus derechos fundamentales.
Los acuerdos de paz pudieron y pueden sostenerse gracias a haber asegurado el respeto a los derechos básicos, principalmente, el de la vida. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la piedra fundamental de la paz, lamentablemente no se le reconoce la trascendencia que se debería.
Dado que el eje central que llevó a la guerra, luego a su cese y a la sostenibilidad de los acuerdos de paz es el tema de los derechos humanos no puede soslayarse el importante papel que el Procurador representa para la convivencia social pacífica.
Cuando la sociedad pierde sus valores y el respeto es cuando la descomposición puede avanzar hasta alcanzar atrocidades inimaginables como las que se vivieron en el pasado. En razón de ello, todo ciudadano responsable debería ver en la figura del Procurador un referente moral que incumbe a la sociedad entera.
Desconocer los informes, señalamientos y recomendaciones del Procurador es dejar de lado el respeto a las docenas de miles de víctimas de todos los sectores que hicieron posible la convivencia actual. Es, por tanto, de carácter moral el peso de la voz del Procurador y para las personas conscientes y honestas sus recomendaciones son moralmente vinculantes.
Tal peso moral no viene dado por la persona del Procurador en sí, aunque el mismo debe ser una persona de notoria moralidad e instrucción, sino por el altísimo precio que la sociedad pagó para que dicha figura existiese. Tal precio dota de un valor incalculable a sus informes, conclusiones y recomendaciones.
Aunque esas recomendaciones y señalamientos no son vinculantes jurídicamente sí deberían ser tomadas con toda seriedad, al menos, por aquellas personas e instituciones que se precian de ser los referentes éticos de una sociedad que sufre, precisamente, por la ausencia de humildad y honestidad.
El Procurador se ha pronunciado en casos tales como el de la Colonia Málaga. Resta ahora que los señalados muestren ante la sociedad su naturaleza espiritual. Estamos a la espera. De no existir un acatamiento de las recomendaciones, mucho sabremos ya de su auténtica moralidad.