Por Corresponsal de IPS
SANTIAGO – Un Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue aprobado por la tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, que concluyó este miércoles 24 en esta capital chilena.
El plan se estructura sobre cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios entre sí: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades, y cooperación para la implementación entre las naciones que son partes del pacto.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, se conoce como Acuerdo de Escazú por la ciudad de Costa Rica donde se adoptó en 2018.
Son firmantes 25 Estados, y 15 lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
Para la tercera conferencia sirvió de anfitriona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y coordinaron la preparación del plan los responsables gubernamentales de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves, incorporándose delegaciones de organizaciones no gubernamentales y pueblos indígenas.
Los ejes sobre los cuales se asienta buscan respaldar las acciones para implementar el artículo 9 del tratado de Escazú, el cual establece que cada Estado parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Asimismo, establece que cada Estado deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover los derechos de esos defensores, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
En la última década, casi 2000 personas que defienden el ambiente fueron asesinadas en el mundo, y tres de cada cuatro de esos asesinatos sucedieron en algún país de América Latina y el Caribe.
El último informe de la oenegé que lleva un registro de esos crímenes, Global Witness, mostró que en 2022 hubo 177 asesinatos de defensores de derechos ambientales en el mundo y 88 % de esas muertes correspondieron a América Latina y el Caribe.
Los primeros cuatro puestos en esa trágica tabla correspondieron a Colombia, con 60 muertes, Brasil con 34, México con 31 y Honduras con 14.
El Plan de Acción prevé su desarrollo en los próximos seis años mediante su aplicación con planes nacionales en los Estados parte, con cooperación regional para su evaluación, seguimiento y revisión.
Siete países de la región –Argentina, Belice, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay- compartieron sus planes nacionales, en construcción o ya aprobados, para una progresiva implementación del tratado.
Esos planes incluyen estrategias y acciones tendientes a dar a conocer ampliamente el Acuerdo, actualizar y armonizar la normativa interna con relación al pacto regional, y coordinar la labor de las distintas instituciones y actores involucrados.
Además de proteger a los ambientalistas, el Acuerdo de Escazú procura garantizar la mejor aplicación de las políticas ecológicas, los derechos ambientales, y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de crisis climática.
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