Una propuesta de reforma a la Constitución de la República de El Salvador, específicamente al artículo 191 y 192, fue conocida esta mañana por las diputadas y diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
La moción en referencia busca establecer, primero, que los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR), sean elegidos para un período de cinco años.
Segundo, se plantea que para la consecución de las actividades de la FGR, se le asigne un presupuesto equivalente al 1.75% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Por otra parte, la comisión también conoció la propuesta de reforma constitucional al artículo 26, a fin de reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia Cristiana Evangélica.
La comisión mantiene en estudio otro expediente para reformar la Carta Magna, en el artículo 196, la cual tiene como propósito que la elección del presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) o la destitución de éstos, se efectúe por lo menos con los votos de dos tercios de los diputados electos.
Dichas propuestas serán analizadas en un cuadro comparativo en el seno del colegiado y posteriormente serán sometidas a consulta de sectores especialistas en la materia respectiva.
Podrían emitir disposiciones para autorizar, temporalmente, el cambio de domicilio de Juzgado de Instrucción de Mejicanos
Las diputadas y diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, analizaron la posibilidad de emitir Disposiciones Transitorias para el cambio de residencia temporal del Juzgado de Instrucción de Mejicanos, departamento de San Salvador, con vigencia entre seis meses y un año; el mismo podría funcionar en el Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado.
Según la petición de la Corte Suprema de Justicia, la misma obedece al fortalecimiento de los procesos orientados a fomentar el acceso a los servicios que se brindan, garantizando a la vez la seguridad física de los usuarios y del personal.
Se explica en la moción que al trasladar el juzgado, este conservaría su actual denominación, competencia territorial y funciones conferidas, garantizando así su buen funcionamiento y optimización de los recursos institucionales en el marco de la racionalización de la inversión pública.
Fuente: Asamblea Legislativa