A veinte años de creación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) continúa
situándose como una de las principales instituciones públicas que cuentan con los mayores niveles de confianza
ciudadana. En el período de enero a noviembre de 2012 se reportaron los siguientes resultados:
En el área de protección de los derechos humanos, se atendieron 9,342 casos, de los cuales 6,405 corresponden
a orientaciones legales (68.56%) y 2,937 a denuncias admitidas (31.44%). En las denuncias se atendieron a 2,152
hombres y 1,123 mujeres, con la prevalencia de edad en el rango de 0 a 18 años en 2,291 casos.
El departamento de San Salvador acumula la mayor cantidad de denuncias con 601, tomando en cuenta que en
este total se han incluido las denuncias tramitadas en las Delegaciones Locales de Apopa y Soyapango;
seguido por Santa Ana con 416, incluyendo las tramitadas en la Delegación Local de Metapán; San Miguel
con 305; La Paz con 269; La Unión con 237, incluyendo las tramitadas en la Delegación Local de Santa Rosa
de Lima; y Usulután con 185.
El derecho humano más denunciado fue el derecho a la integridad personal con 692, seguido del derecho al
debido proceso administrativo con 474, el derecho al trabajo con 360, el derecho al acceso a la justicia con
314, el derecho a la seguridad personal con 286, el derecho a la libertad personal con 213, el derecho a la
salud con 182, el derecho al debido proceso judicial con 144, entre otros.
En cuanto a los derechos específicos de grupos en situación de vulnerabilidad, se reportaron en mayor
medida los derechos de la niñez y adolescencia con 285, personas privadas de libertad con 216, mujeres con
188, personas migrantes con 52, personas con VIH con 35, personas consumidoras con 27, personas adultas
mayores con 21, personas con discapacidad con 12, entre otros.
Respecto a la institución pública más denunciada fue la Policía Nacional Civil con 1,486, seguida por la
Fiscalía General de la República con 219, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con 190, la Procuraduría
General de la República con 159, el Ministerio de Educación con 151, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza
Armada con 140, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 96, entre otras.
En el período se emitieron 1,456 resoluciones, de las cuales 616 corresponden a resoluciones iniciales, 780 a
resoluciones finales y 60 oficios. Respecto a las resoluciones finales, en que se ha logrado investigar
integralmente las denuncias admitidas, se o
btuvieron los siguientes resultados: Por tipo de resolución final, se
declaró la responsabilidad por violaciones a derechos humanos en 388 ocasiones, sin responsabilidad en 657,
archivo en 179, buenos oficios en 61, acatamiento de recomendaciones en 34, con recomendaciones en 276 y
restitución de derechos en 135. En las resoluciones por responsabilidad se constató la violación al debido
proceso administrativo en 36 resoluciones, seguido del derecho al trabajo con 29, el derecho de acceso a la
justicia con 22, el derecho a la integridad personal con 20, el derecho a la libertad personal con 15, y el
derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 14, etc.
Entre las instituciones públicas que fueron declaradas con mayor frecuencia como responsables de
violaciones a derechos humanos se encuentran: la Policía Nacional Civil con 102 señalamientos, el
Ministerio de la Defensa Nacional con 67, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y los Gobiernos
Locales con 36 cada uno, el Órgano Judicial con 26, el Ministerio de Salud Pública con 17, entre otras.
Se emitieron 55 documentos de análisis: 2 informes especiales, 30 pronunciamientos públicos, 4 opiniones
sobre proyectos de ley, 1 propuesta de reforma de ley, 7 informes a organismos internacionales de derechos
humanos, entre otros. Se destacan los presentados al Sistema
Interamericano de Protección de Derechos 2
Humanos: en el caso de las Masacres de el Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, y los informes
temáticos sobre “Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador” y “El impacto de
la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador”.
Asimismo, se realizaron 1,910 verificaciones a instituciones públicas responsables de las personas
privadas de libertad: 382 a centros penitenciarios, 66 a centros de internamiento de menores infractores, 720
a bartolinas, 43 a juzgados de ejecución penitenciaria, 25 a pabellones de reos en hospitales, 7 a Consejos
Criminológicos, 34 a Juzgados Especializados, entre otras. También se llegaron a cabo 1,881 acciones de
protección inmediatas: 685 diligencias de buenos oficios, 699 observaciones preventivas y 497 mediaciones.
Esta Procuraduría instaló mesas de diálogo y realizó gestiones que derivaron en la apertura de expedientes
sobre diferentes casos individuales y colectivos que afectaron los derechos de sectores sociales en situación de
vulnerabilidad como los habitantes salvadoreños que residen en los ex bolsones, las familias afectadas por la
tormenta “12E”, personas afectadas por los planes de ordenamiento municipal, entre otras.
Por otro lado, en las áreas de promoción y educación en derechos humanos, se realizaron 1,027 actividades
de promoción, que comprendieron: 366 promociones del mandato de la PDDH; 164 reuni
ones de seguimiento;
114 participaciones en medios de comunicación social; 75 divulgaciones de informes especiales y
situacionales; 68 acompañamientos a comunidades; entre otras. El total de personas beneficiadas fue de
17,082 distribuidas en los siguientes sectores: educativo formal (37%), servidores públicos (24%),
organizaciones sociales (16%), grupos en situación de vulnerabilidad (13%) y otros grupos (10%).
También, se realizaron 550 actividades de educación, que comprendieron: 272 talleres, 161 charlas
educativas y capacitaciones, 100 cursos, 16 paneles fórum y 1 diplomado. En ocasión a estas actividades, se
distribuyó material educativo como trípticos, volantes, folletos, constituciones y leyes de la república en
presentación de bolsillo, revistas institucionales y carteles sobre derechos humanos, entre otras
reproducciones. El total de personas beneficiadas fue de 19,163 distribuidas en los siguientes sectores:
educativo formal (37%), organizaciones sociales (36%), servidores públicos (24%) y grupos en situación de
vulnerabilidad (3%).
Análisis situacional de los derechos humanos
Derechos políticos
Se promovieron la participación política y modificaciones en la forma de votar de manera más transparente y
respetando la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, se experimentaron obstáculos legales que
volvieron desigual la competición política (reforma de las candidaturas no partidarias: no regulación del
financiamiento público, requisitos excesivos, no participación como observadores, entre otros), así como la
resistencia de los partidos políticos a devolverles a las personas votantes su capacidad libre de elección (reforma
voto por rostro). El Tribunal Supremo Electoral tuvo un rol destacado en la administración y la organización del
evento electoral, sobresaliendo la ampliación del voto residencial que ofreció facilidades para el acceso al
sufragio. No obstante, se observaron irregularidades como la limitada formación de los miembros de los
organismos temporales electorales, falta de condiciones de seguridad en algunos centros de votación que
propiciaron hechos de violencia.
Derechos civiles
A pesar de reportar una disminución importante en los índices de homicidios a consecuencia del acuerdo entre las
dos principales pandillas de El Salvador, no se trata del producto de la aplicación de una verdadera política
pública de seguridad ciudadana, sustentable, basada en el pleno respeto de los derechos humanos y en la eficacia
de las instituciones competentes. Preocupan las precarias condiciones laborales en las que desarrollan sus labores
el personal agente de la Policía Nacional Civil, que no contribuyen a lograr un verdadero proceso en el ejercicio
de sus funciones en seguridad ciudadana y respeto de los derechos humanos.
La problemática de la desaparición de personas en el país y la disparidad de las cifras institucionales denota la
falta de coordinación de las autoridades encargadas de investigar las desapariciones de personas en detrimento de
la población, quien es la que finalmente vive en carne propia el dolor de no encontrar a sus parientes.3
Asimismo, han sido motivo de preocupación las amenazas a las labores que realizan las personas defensoras de
los derechos humanos, esta Procuraduría emitió medidas cautelares para evitar daños irreparables a los derechos
a la vida e integridad personal de las personas representantes de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y el
Pbro. Antonio Rodríguez López Tercero de la Congregación de la Pasión, Director de la Corporación de la
Pasión Servicio Social Pasionista (SSPAS). En las mencionadas resoluciones se solicitó de carácter urgente una
investigación imparcial, exhaustiva y efectiva, con tal de identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos
según el marco legal vigente.
En materia de respeto al principio de separación de poderes, independencia judicial y al Estado de Derecho,
destacó la controversia suscitada entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, que desencadenó
un clima de tensión y un distanciamiento de posiciones entre ambos Órganos, afectando la institucionalidad
democrática, lo cual es absolutamente negativo para el país y en nada contribuy
e a los esfuerzos realizados, hasta
ahora, para el desarrollo democrático e institucional y, para la armonía social que tanto hace falta a la población.
Se celebra la notificación de la sentencia a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas ejecutadas en el
caso de la Masacre de el Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, que condena al Estado por la violación a los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada, a los derechos del niño, a las garantías
judiciales, etc. Además ordenó la ejecución de medidas de reparación como: continuar con el registro único de
víctimas de la masacre; reabrir las investigaciones de los hechos, con el propósito de identificar, juzgar y
sancionar a los responsables; implementar un programa o curso sobre derechos humanos, incluyendo la
perspectiva de género y niñez, dirigido a todos los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada.
Derechos económicos, sociales y culturales
La pobreza y la desigualdad continúan siendo los principales obstáculos para que nuestro país avance de forma
contundente hacia mejores niveles de desarrollo humano y, por lo tanto, deben ser atendidas de forma integral, no
por medidas asistencialistas y de corto plazo.
Los precios excesivos de los medicamentos y el desabastecimiento de determinadas medicinas en el sistema de
salud, las citas médicas prolongadas; el tipo, calidad y calidez de los servicios de salud y el limitado
financiamiento en la materia, afectan gravemente el derecho a la salud de las personas. Mayor preocupación
generó la alta incidencia de los casos de dengue en el país, que a pesar de las elevadas cifras, fue hasta
aproximadamente un mes y medio después que las autoridades gubernamentales decidieron declarar la alerta
nacional, evidenciando nuevamente, un enfoque reactivo más que preventivo. Preocupa de la misma manera, la
falta de acuerdos políticos que provocó la aprobación tardía del préstamo de 80 millones de dólares otorgado por
el Banco Mundial, para fortalecer el sistema de salud.
En materia de alimentación adecuada y derecho al agua, si bien el pasado 19 de abril del año en curso, la
Asamblea Legislativa del período 2009-2012, aprobó una reforma constitucional en la que se adicionaron los
incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución de la República, con disposiciones orientadas a la protección y
garantía del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua, hasta este día no se ha avanzado en la
ratificación de las mismas.
Durante este año, el derecho al trabajo fue lesionado con mayor intensidad luego de las pasadas elecciones
legislativas y municipales, a raíz de los despedidos de algunos empleados municipales con ocasión del cambio de
administración, afectándoles en su estabilidad laboral y libertad sindical.
Por otro lado, el desalojo forzoso y masivo de puestos del comercio informal en el centro capitalino,
específicamente en el Distrito Uno, ejecutado por la Alcaldía Municipal de San Salvador, los días 26 y 27 de
octubre, a pesar de haber dictado esta Procuraduría una resolución de medidas cautelares con la finalidad de
abstenerse a realizarlo y evitar lesionar los derechos a la integridad moral, al trabajo, a la propiedad, al debido
proceso administrativo, a la alimentación y al derecho a un nivel de vida adecuado en general. Además de
adolecer de vicios de inconstitucionalidad, por aplicar sanciones contenidas en una Ordenanza Municipal de
jerarquía inferior a una ley que restringen derechos fundamentales. 4
Derecho a la protección del medio ambiente
Aunque durante este año se han constatado como avances la presentación de iniciativas de ley y de reformas a la
normativa ambiental existente, y se ha evidenciado la disposición para resolver problemas a raíz de cárcavas en
varios lugares y de bordas en ríos del país, la atención de los temas ambientales aún no es suficiente.
En ocasión a la segunda audiencia temática solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
ésta Procuraduría planteó su preocupación por la posición del Gobierno de considerar la probabilidad de autorizar
proyectos de explotación minera en el país sin consulta y participación ciudadana, la experiencia de otros países y
la abundante información científica sobre los daños ambientales y afectaciones a los derechos
humanos que
implica el desarrollo de dichos proyectos.
En el mismo sentido, externó su preocupación por los proyectos de explotación de metales a nivel regional con
consecuencias a la población salvadoreña, así como las denuncias sobre posibles amenazas transfronterizas, de
las cuales se ha iniciado una investigación orientada a advertir la existencia de violaciones a derechos humanos
de la población salvadoreña y cuyos resultados se darán a conocer en su momento.
Por otro lado, condena enérgicamente la impunidad en el caso de la contaminación ambiental con plomo
generada en el lugar “Sitio del Niño”, en la que un Tribunal de Sentencia absolvió de responsabilidad penal y
civil a tres empleados de la fábrica que ocasionó daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes de dicha
comunidad, bajo la denuncia de recibir fuertes cantidades de dinero a cambio de dejar en libertad a los imputados.
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud
Las condiciones de violencia social en que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes persisten, y no se ve
que las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir el delito estén dando resultados.
Si bien se han reportado avances respecto al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(SINAPINA), creado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, como la conformación de
juzgados y una cámara especializada, consultas para el diseño de una política nacional, existencia de reglamentos
y juntas de protección a nivel nacional; todavía no se cuentan conformados todos los órganos responsables del
Sistema, como nueve juntas de protección de las catorce que en un principio deben funcionar, ausencia de los
comités locales de derechos y la falta de desarrollo de la tipología de programas en la reglamentación especial.
Se evidencia falta de recursos financieros y humanos en las juntas de protección y poca divulgación de su labor
entre la población para activarlas en caso de violaciones a derechos humanos, entre otras deficiencias. Otro punto
que sobresale es el hecho de que no existe un plan estratégico del SINAPINA.
El panorama respecto a los derechos de la juventud no resulta alentador, persiste la falta de protección de este
sector que le impide su desarrollo integral, siguen siendo objeto de discriminación, violencia, represión,
indiferencia e incriminaciones, en la mayoría de ocasiones resultado de estigmas sociales y falta de conocimiento
de la realidad en la que viven. Lo que les ha privado de gozar de sus derechos a una vida sin violencia,
oportunidades plenas de estudio para su formación media, técnica o profesional integral y de calidad, a ser
educados en valores, a la educación sexual, a ser protegida de abusos sexuales, a un trato digno por parte de las
autoridades, a la formación de su personalidad, a no ser discriminada, a oportunidades de trabajo, al ocio y
esparcimiento sano.
El clima de violencia en que vive el país ha afectado mayormente a los jóvenes, de los cuales un elevado
porcentaje se encuentra escolarizado, en su mayoría en el sistema público de enseñanza. La Policía Nacional
Civil ha confirmado en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011, 75 homicidios de estudiantes en el país,
de los cuales el 50.6% ocurrieron en 8 municipios del Área Metropolitana de San Salvador, 70.6% se cometieron
con arma de fuego y 28% de los estudiantes asesinados tenían «probada afinidad a pandillas».
Asimismo, se reporta que 81 docentes fueron víctimas de extorsiones. El Ministerio de Educación confirmó que
unos 800 centros educativos se encuentran en riesgo debido a la inseguridad y se afirma que en 300 instituciones
educativas las pandillas se han infiltrado. Debido a los elevados niveles de violencia, hubo un descenso
en la
matrícula escolar del 9%, tanto en el sector público como en el privado. 5
Se mantienen los históricos retrasos en la inversión educativa estatal respecto al Producto Interno Bruto que está
muy a la zaga del promedio recomendado por organismos internacionales de derechos humanos, es decir, debe
elevarse del 3% actual al 6%.
Si bien es cierto que existe una Ley General de Juventud, la cual es limitada y no reconoce todos los derechos que
las juventudes salvadoreñas deben tener en nuestro país, asimismo, existe un Instituto Nacional de la Juventud
(INJUVE), el cual es todavía un organismo débil, con proyección limitada y escasos programas que promuevan el
desarrollo de las y los jóvenes, aún faltan decididas acciones y esfuerzos gubernamentales para que este
importante sector de la población salvadoreña goce realmente de sus derechos. Esta Procuraduría deplora que el
actual Gobierno aún no se adhiera -ni ha expuesto su posición oficial- a la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes, la cual es un instrumento que garantiza una serie de derechos humanos de suma
importancia para mejorar la vida y el desarrollo integral de este sector.
Derechos de las mujeres
Se observó la reducción de las cifras sobre casos de feminicidios, no obstante es preocupante el grado de
violencia y crueldad con que las mujeres están siendo asesinadas y la impunidad de los casos, ya que los
homicidas generalmente nunca son capturados, por lo que demandan al Estado mayor seguridad para las mujeres
y la aplicación y cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,
vigente desde el 1 de enero de 2012.
Es imperioso fortalecer presupuestariamente la implementación del Protocolo de Actuación para la Investigación
del Feminicidio a fin de garantizar la investigación de situaciones de violencia contra la mujer, así como
implementar la política de persecución penal en la materia. Además de ratificar el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como una forma de evidenciar la buena
fe del Estado salvadoreño en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Derechos de las personas adultas mayores
No ha resultado suficiente el compromiso gubernamental para mejorar la calidad de vida de las personas adultas
mayores. A pesar del anuncio del Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, de ampliar el Programa
de Pensión Básica para las Personas Adultas Mayores de 32 a 100 municipios hasta concluir su mandato, de
acuerdo a los sondeos de casas de opinión, el programa de apoyo económico a este sector es bien visto por la
población, no obstante consideran que incide muy poco en la reducción de la pobreza. También, se destaca la
reforma al artículo 13 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que permite seguir cotizando luego de
cumplir los años legales para jubilación, pero sin que se haya cumplido con los veinticinco años de servicio. Sin
embargo, no se cuenta con una pensión básica universal para que aquellas personas mayores de 70 años que no
tuvieren otro ingreso, sean acreedoras de pleno derecho a ella como parte de sus derechos sociales.
Derechos de las personas con discapacidad
Si bien el Gobierno de la República ha tenido acciones importantes a favor de este colectivo, como por ejemplo
el
incremento presupuestario para el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad
(CONAIPD), la implementación del proyecto piloto “Ciudades Inclusivas”, la promoción del arte y la cultura de
las personas con discapacidad y la promoción de su inserción laboral; lo han hecho lentamente y de manera
insuficiente, por lo que este sector de la población continúa invisibilizado por la falta de sensibilización y de
acciones concretas y serias con el tema, que potencien el derecho a la igualdad de las personas.
Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis e intersexuales (LGBTI)
La situación que atraviesa actualmente la población LGBTI ha generado violaciones a sus derechos humanos,
tales como la violencia basada en género, la violencia sexual, la discriminación, entre otras. Por lo que es
necesario llevar a cabo acciones que faciliten las condiciones de igualdad ante la ley e introducir el principio de
no discriminación en razón de la orientación sexual en todos los ámbitos del que hacer estatal.6
Derechos de los Pueblos Indígenas
Un avance importante a considerar es la aprobación de la reforma constitucional al artículo 63, en la que se
reconoce a los pueblos indígenas y la adopción de políticas con el fin de mantener su identidad étnica y cultural.
No obstante el país no cuenta con un marco jurídico secundario que establezca los derechos específicos de los
pueblos indígenas. Asimismo, la desaparición de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas de la Secretaría de
Inclusión Social, es un retroceso que ha significado que la temática indígena pase a manos de la Dirección
Nacional de Espacios Culturales de la Secretaría de la Cultura, otorgándole un enfoque más cultural que de
protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Derechos de las Personas con VIH
Se observaron acciones conducentes a mejorar la atención de las personas con VIH; sin embargo, son
insuficientes, ya que continúan las limitaciones y la sostenibilidad de los recursos financieros en relación a la
magnitud y el impacto que sigue provocando esta pandemia, lo cual puede llevar a impedir avanzar en la
implementación de estrategias efectivas en materia de atención, prevención y disminución de nuevas infecciones
y mitigación del impacto.
Es urgente la protección de los derechos humanos a los grupos en mayor riesgo de adquirir la infección (hombres
que tienen sexo con hombres, personas transgéneros, trabajadoras/es sexuales, usuarios de drogas y personas
privadas de libertad), realizando reformas al ordenamiento jurídico en caso de ser necesario, para tener un
entorno favorable para estos grupos poblacionales.
San Salvador, 20 de diciembre de 2012.
Lic. Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos