El Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo El Salvador, recibió a Diego Recalde León, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), quien reiteró su apoyo e instó a los parlamentarios a acelerar la discusión de los proyectos de Ley de Agricultura Familiar y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En ese contexto,los parlamentarios consideran que es urgente contar con un cuerpo normativo y políticas públicas que prioricen la compra y consumo de la producción local. “Quién afuera le va a comprar a más de $0.30 centavos una botella de leche a ese pequeño productor. Hay una competencia desleal a raíz de la cantidad de leche, tanto líquida como en polvo, que ingresa al país de forma legal e ilegal”, lamentó.
El representante de la FAO señaló que, en materia de seguridad alimentaria, El Salvador está es condiciones de riesgo. “Para la FAO, un país que importa más del 30% de lo que necesita para su abastecimiento es altamente vulnerable a inseguridad alimentaria. Qué significa eso, que el país es vulnerable”, enfatizó.
“Hay una responsabilidad para que en los países existan leyes y políticas públicas a fin de que se pueda tener un mejor vivir para que la gente no sufra de hambre, que se salga de la pobreza con créditos, asistencia técnica. Todo eso es lo que sirve”, añadió el representante de la FAO.
Luego de escuchar a Recalde León, los parlamentarios acordaron desarrollar un taller-foro divido en dos jornadas: la primera el 21 de octubre y la segunda el 4 de noviembre del presente año, en las instalaciones de Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL), y contarán con asesoría de especialistas paraguayos y colombianos, a fin de acelerar la aprobación de dichos proyectos de ley.
El Frente Parlamentario contra El Hambre – Capítulo El Salvador fue creado el 18 de julio de 2012, como un compromiso de los diputados de diversos grupos parlamentarios, quienes tienen como objetivo la articulación eficiente para la lucha contra el hambre, así como también contribuir al logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, promoviendo el establecimiento de marcos institucionales favorables a la realización plena del derecho humano a la alimentación.