En el marco de los denominados operativos de contrainsurgencia realizados por la
Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, ocurrió la desaparición
de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda
Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, acaecidas en
diferentes puntos del territorio nacional, en el período comprendido entre los años
1980 a 1982; quedando en poder de elementos del Ejército, quienes dispusieron
sobre su paradero y destino.
Estos hechos, como parte de un patrón de actuación habitual del Estado durante
la guerra, constituyeron desapariciones forzadas, a las que a la fecha, se
desconoce el paradero de las citadas víctimas y la identidad de los autores
intelectuales y materiales. Esta Procuraduría a partir de su investigación de estos y
otros casos de desapariciones de niños y niñas durante la guerra civil, ha
declarado que constituyen crímenes contra la humanidad, y ha exigido
periódicamente su debida investigación fiscal y judicial, ante una marcada apatía
de las autoridades encargadas.
Particularmente en el Informe de esta institución sobre la desaparición de las
hermanitas Serrano Cruz, emitido en el año 2004, y citado por la Corte en su
sentencia, se hizo referencia a las desapariciones mencionadas en el presente
comunicado, y fue hecho del conocimiento del Fiscal General de la República,
quien en ejercicio de sus facultades debió promover la respectiva investigación
penal.
Frente a los mismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió
sentencia el 4 de octubre de este año, declarando responsable internacionalmente
al Estado Salvadoreño por las mismas, estableciendo que las desapariciones de
las víctimas constituyen una violación múltiple y continuada de sus derechos a la
libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad
jurídica, en relación con los deberes de respeto y garantía.
Como lo ha establecido la Corte, prevalece una situación de impunidad al no
haberse satisfecho aún el derecho de los familiares a conocer la verdad, pues
tales hechos violatorios no han sido esclarecidos, ni se han determinado las
responsabilidades penales correspondientes.
Ante ello, el Procurador valora positivamente que el Estado haya realizado un
reconocimiento de responsabilidad internacional, aceptando totalmente los
hechos; que haya expresado un pedido de perdón, especialmente ante la
negación que hasta entonces había sostenido el Estado sobre la existencia de
estos; sin embargo, tal postura debe ir acompañada de un sincero esfuerzo por
erradicar la impunidad que subsiste en estas desapariciones, a partir de una plena
y decidida investigación por parte de las instancias nacionales correspondientes.
Además, de la adopción de otras medidas pertinentes y adecuadas de reparación,
como es la restitución de la identidad en caso de encontrarse con vida, garantizar
a los operadores de justicia y a la sociedad salvadoreña en general, el acceso
público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y
relevante para la investigación de violaciones a derechos humanos ocurridas
durante el conflicto armado, brindar atención médica, sicológica o siquiátrica a las
víctimas que lo requieran, o en su caso pagar la suma establecida, y construir un
“Jardín Museo” donde recordar a las niñas y niños desaparecidos forzadamente
durante el conflicto armado.
En ese orden, exhorta al Estado Salvadoreño, a cumplir en su totalidad la
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
especialmente bajo una óptica de respeto a la dignidad tanto de la niña y de los
niños desaparecidos, como de sus familias, que han sufrido por tantos años una
separación marcada por el desconocimiento de la verdad y la negación de una
justicia efectiva. Para ello, es de superior importancia que la Fiscalía General de la
República y el Órgano Judicial agilicen las investigaciones abiertas y promuevan
una búsqueda seria sobre los desaparecidos, tal y como lo ha ordenado la Corte.
Finalmente comunica que, a partir de sus facultades constitucionales, esta
Procuraduría mantendrá un proceso de supervisión del acatamiento de la
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte
del Estado salvadoreño a nivel de todas las instancias involucradas, en el marco
de un pleno acompañamiento hacia las víctimas de los hechos señalados.
San Salvador, 11 de diciembre de 2014.