Durante la sesión plenaria de este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva transferencia de bienes públicos desde la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) hacia la sociedad anónima de capital mixto Constructora El Salvador, S.A. de C.V.
El decreto autoriza el traspaso directo de un lote de 50 vehículos de alto tonelaje y maquinaria pesada, con el argumento oficialista de «fortalecer la capacidad operativa» de la empresa en la ejecución de obras de infraestructura. Sin embargo, la medida ha desencadenado una fuerte controversia en el pleno por la falta de transparencia en el manejo de recursos estatales.
Detalle de la transferencia aprobada
Bienes transferidos: Lote de 50 camiones y vehículos pesados propiedad de la DOM.
Justificación del oficialismo: Dip. William Soriano (Nuevas Ideas) defendió que el movimiento permitirá agilizar la reconstrucción de escuelas, calles, puentes y unidades de salud en diversos municipios del país.
Precedentes: Esta entrega se suma a los más de $14.1 millones en maquinaria, plantas asfálticas, excavadoras y compactadoras que la DOM ya había transferido a la misma mercantil desde su creación.
¿Qué es Constructora El Salvador S.A. de C.V.?
Fundada en abril de 2023, Constructora El Salvador fue estructurada jurídicamente como una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.).
Composición accionaria: La DOM posee la mayoría accionaria con fondos o deuda pública, mientras que el resto pertenece a socios o entes de carácter privado.
Naturaleza jurídica: A pesar de operar casi en su totalidad con presupuesto, bienes y maquinaria provenientes del erario público, al estar registrada bajo el Derecho Mercantil privado opera como un ente comercial autónomo.
Cuestionamientos razonables: ¿Por qué operar como Sociedad Anónima cuando no lo necesita?
Diversos sectores de la oposición y especialistas en finanzas públicas cuestionaron duramente el mecanismo legal utilizado para operar estas obras, catalogándolo como una «privatización de facto» de la inversión pública y un esquema de competencia desleal.
1. Inmunidad a la fiscalización de la Corte de Cuentas
Al ser constituida como una S.A. de C.V. (empresa privada), la constructora queda fuera del control directo y permanente de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Los fondos públicos inyectados pierden la trazabilidad que la legislación exige a las instituciones gubernamentales ordinarias.
2. Evasión de la Ley de Compras Públicas (LACAP / LCP)
Si la DOM ejecutara o contratara directamente las obras como entidad del Estado, tendría que someterse a licitaciones públicas rigurosas, auditorías, plazos estrictos y mecanismos de transparencia contractual. Al operar bajo el esquema mercantil, la empresa privada puede adjudicar contratos y realizar compras de forma directa y discrecional.
3. Falta de transparencia en la información y rentabilidad
Legisladores de oposición señalaron la opacidad en el manejo del presupuesto:
Falta de auditorías: La iniciativa presentada por la diputada Claudia Ortiz (Vamos) para auditar los traspasos anteriores fue rechazada en el pleno.
Doble cobro o financiamiento opaco: La diputada Marcela Villatoro (Arena) y el diputado Francisco Lira argumentaron que se financia la operación con dinero de los contribuyentes mientras los municipios sufren deficiencias viales. Cuestionaron además qué porcentaje de las utilidades privadas se generan a partir de maquinaria donada por el propio Estado salvadoreño.
4. Competencia desleal en el sector construcción
Al competir en licitaciones u obras estatales, Constructora El Salvador utiliza maquinaria, camiones e insumos donados directamente por la DOM sin asumir el costo de capital de compra o depreciación. Esto desplaza a las empresas privadas locales que pagan impuestos, pagan su propia maquinaria y deben cotizar en igualdad de condiciones en el mercado.
En síntesis: La figura de Sociedad Anónima no responde a una necesidad técnica para construir obras, sino a un diseño normativo que permite mover fondos públicos y activos estatales hacia el ámbito privado, eludiendo la fiscalización de control gubernamental, la transparencia activa y la ley de compras públicas.
Entre los cuestionamientos documentados públicamente sobre su fundación destacan:
La estructura accionaria mixta: Aunque se nutre masivamente de fondos, maquinaria y activos del Estado (traspasados directamente por la DOM), formalmente se blindó bajo la figura mercantil privada, lo que dificulta que los ciudadanos y los entes fiscalizadores conozcan a detalle la participación o el beneficio final de cada accionista.