El acuerdo anunciado el 13 de octubre de 2026 entre el Gobierno de El Salvador y la multinacional española Grupo Cox representa un hito económico de US$2,900 millones (aproximadamente un 7% del PIB). Sin embargo, la magnitud de estas cifras plantea interrogantes fundamentales en materia de transparencia hídrica, ordenamiento territorial y conservación ambiental.
1. ¿Qué nos deja la inversión y qué tiene de positivo?
Diversificación y tarifas de energía: Se contempla una central de generación a gas natural (380 MW) con almacenamiento terrestre ($1,800M), plantas solares fotovoltaicas ($200M) y un mega-sistema de baterías de 440 MW ($300M) para almacenar energía solar y usarla por las noches. El Gobierno proyecta que esto estabilizará la red nacional, permitirá exportar energía a la región y reducirá las tarifas eléctricas residenciales e industriales.
Infraestructura hídrica y saneamiento: Se destinarán $600 millones para modernizar sistemas de agua potable, tratamiento de aguas residuales y saneamiento, lo que en teoría atendería deficiencias históricas de cobertura y calidad.
2. Empleo y mano de obra: ¿Trabajo local o calificado de afuera?
Generación de empleo de construcción y operación: Durante la fase de desarrollo e instalación (proyectada a 3 años), estos proyectos requieren gran volumen de mano de obra local en obras civiles, cableados, líneas de transmisión (como la proyectada de 80 km) y montaje técnico.
Mano de obra especializada: Cox coordina sus operaciones regionales desde Panamá y cuenta con ingeniería global. Por tanto, la dirección técnica e ingenierías de alto nivel vendrán parcialmente del exterior o de cuadros especializados corporativos, mientras que la mano de obra operativa, de construcción y mantenimiento se contratará localmente. La incógnita reside en qué porcentaje de puestos técnicos especializados se transferirá a profesionales salvadoreños.
3. Cuestionamientos de Fondo: Costos, Transparencia y Medio Ambiente
A pesar de las proyecciones positivas, como señalan activistas y análisis ambientales, el anuncio corresponde a un memorando de entendimiento:
Además:
Acceso público a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), consulta con las comunidades afectadas y garantía de que la infraestructura terrestre de gas no degrade franjas boscosas ni ecosistemas costeros o terrestres. Conclusión Lo positivo de esta inversión radica en la posible modernización de la matriz energética nacional, la inyección de capital privado sin endeudamiento público inmediato y la creación de empleos en infraestructura. Sin embargo, el costo para el país dependerá de cómo se ejecuten los proyectos: la rendición de cuentas, la protección estricta del agua, el suelo y la biodiversidad deben primar sobre cualquier interés comercial para evitar pasivos ambientales irreparables. ACUERDOS Hasta el momento, los detalles públicos sobre este acuerdo son limitados porque lo que se firmó es un memorando de entendimiento (MOU) y no un contrato definitivo de concesión o una asociación público-privada (APP) formalizada. Lo que se conoce sobre su naturaleza jurídica e institucional es lo siguiente:
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