El alto tribunal declara inconstitucional por una mayoría de 6 a 3 la orden ejecutiva del presidente que buscaba negar el pasaporte a los hijos de inmigrantes indocumentados.
WASHINGTON — 30 JUN 2026
La Corte Suprema de Estados Unidos ha propinado este martes un golpe definitivo a la línea de flotación de la política migratoria de Donald Trump. En un fallo histórico, el alto tribunal ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva con la que el mandatario pretendía suprimir el derecho automático a la ciudadanía para los niños nacidos en suelo estadounidense cuyos padres se encuentren en situación irregular o con visados temporales.
La decisión, tomada por una mayoría dividida de seis votos contra tres, reafirma una interpretación constitucional de más de siglo y medio de antigüedad. Tres magistrados de la mayoría conservadora del tribunal —incluyendo al presidente de la Corte, John Roberts, y a la jueza Amy Coney Barrett, nominada por el propio Trump— se alinearon con los tres magistrados del bloque progresista para frenar la ambiciosa medida que el presidente firmó en el primer día de su segundo mandato.
«La ciudadanía, tanto entonces como ahora, es el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política», escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en la opinión de la mayoría.
El peso de la Decimocuarta Enmienda
El núcleo de la disputa legal radicaba en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución (adoptada en 1868 tras la Guerra de Secesión para garantizar los derechos de los esclavos liberados), la cual establece que todas las personas nacidas en EE. UU. y «sujetas a su jurisdicción» son ciudadanos.
La Administración de Trump argumentaba que los hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visados de turismo y estudios no debían considerarse bajo dicha jurisdicción, alegando un vacío legal para frenar lo que el ala dura republicana califica como «turismo de nacimiento». Sin embargo, los jueces determinaron de forma contundente que los menores nacidos en el país están plenamente sujetos a las leyes estadounidenses y, por tanto, amparados por el principio del ius soli (derecho del suelo).
El tribunal recordó que las excepciones históricas a este derecho son extremadamente limitadas y se reservan casi exclusivamente para hijos de diplomáticos extranjeros o ejércitos de ocupación.
Reacciones y el futuro en el Congreso
La resolución ha sido celebrada de inmediato por las organizaciones de derechos civiles y defensa de los inmigrantes. Cecillia Wang, directora legal nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), declaró tras conocerse el veredicto: «La decisión de la corte reafirma una promesa estadounidense fundamental: si naces aquí, eres ciudadano. Un presidente no puede cambiar la Constitución por decreto ejecutivo».
Por su parte, Donald Trump mostró su rotundo rechazo al fallo a través de su red social, Truth Social, calificando la decisión de «lamentable para el país». El mandatario no tardó en trasladar el campo de batalla al plano legislativo, instando al Congreso a intervenir. «Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación. ¡No es necesaria una larga y difícil enmienda constitucional!», aseguró el presidente, abriendo la puerta a una nueva batalla legal, pese a que la mayoría de expertos constitucionalistas coinciden en que cualquier alteración al derecho de nacimiento requeriría reformar la propia Carta Magna.
Las restricciones de la orden ejecutiva habían permanecido bloqueadas por tribunales inferiores desde su anuncio, por lo que el fallo de la Corte Suprema mantiene el status quo y disipa la incertidumbre legal que amenazaba a miles de familias inmigrantes en todo el país