La Fiscalía General de la República, la Asociación de Periodistas de El Salvador, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, son algunas de las instituciones a las cuales la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, solicitará su opinión acerca del fallo de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional el tercer inciso de la artículo 191 del Código Penal.
El fallo considera que el Art. 191, vulnera los artículos dos y seis de la Constitución de la República, sobre el derecho de igualdad, al dar un tratamiento privilegiado a las personas que ejercen el periodismo.
“La diferenciación que implica, desprotege los derechos a la intimidad y al honor, es desproporcionada y, por tanto, viola el principio de igualdad en la formulación de la ley, al conceder un privilegio injustificado en el tratamiento penal a los propietarios, directores, editores, gerentes del medio de comunicación social o encargados del programa en su caso”, refiere el texto de la sentencia.
Para los diputados es importante respetar la imagen de cada ciudadano y se muestran a favor de combatir los delitos de calumnia y difamación, pero destacan que el sancionar con pena de prisión a los periodistas o dueños de medios de comunicación, tal como lo establece el fallo, sería un retroceso a la democracia.
“La Libertad y la información, son derechos que hay que proteger, nosotros no queremos cárcel por expresarse, pero si hay un delito debe haber una sanción, pero no penal, debemos buscar otra forma de sanción como la pena por días multas”, manifestó el Diputado Guillermo Ávila, Presidente de la comisión.
Postura que fue compartida por la Diputada Margarita Velado. “Las leyes son claras y establecen sanciones para el delito de difamación o calumnia, debemos ver una comparación de normativas de otros países para ver como se encuentran en estos casos”, afirmó la Parlamentaria.
Las instituciones deberán enviar su opinión por escrito a más tardar el próximo 3 de noviembre del presente año, las cuales serán analizadas por los y las integrantes de la comisión, para buscar una salida que no riña con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia.
Pablo Martínez.