Con la concurrencia de 69 votos de los diputados y diputadas, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen de la Comisión de Economía que contiene una reforma al artículo 3 de la Ley de Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para prohibir a dicha entidad, el cobro de las facturas de usuarios que no reciban el servicio de agua potable.
La iniciativa que fue promovida por los grupos parlamentarios ARENA y GANA, y que también contó con el apoyo de las bancadas legislativa FMLN, PCN, PDC, CD y del diputado No Partidario, mandata a la autónoma “dejar sin efecto la emisión de la factura de cobro por consumo del servicio a los usuarios, a quienes ANDA haya comprobado que no les ha proporcionado el servicio de agua potable, exceptuando el cobro mínimo de acceso al servicio público, el incumplimiento de lo anterior, hará incurrir en responsabilidades patrimoniales de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos a quienes resultaren responsables por el cobro de servicios no proporcionados al usuario”.
La responsabilidad patrimonial a la que hace referencia la reforma está contemplada en la Ley de Procedimientos Administrativos -aprobada por el Legislativo en diciembre del 2017- en el capítulo IV, artículo 55, que indica: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la administración pública de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que ésta sea a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública”.
Otras regulaciones en la Ley de ANDA
Además de la suspensión de cobros indebidos, el primer Órgano de Gobierno, ordenó que en los casos que se determine que el monto a pagar es distinto al facturado -luego de realizar la respectiva revisión o inspección- la autónoma deberá rectificar, modificar, anular o efectuar los respectivos abonos a cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad penal; sobre todo en los casos que se resulte a favor del usuario.
Por otra parte, se plantea que periódicamente deben realizarse auditorías o revisiones al sistema de facturación; así como remitir a la Defensoría del Consumidor un informe que contendrá el detalle de los ajustes de facturación aplicados a cuentas de los usuarios. Por otra parte, ANDA deberá capacitar permanentemente al personal encargado de la gestión comercial y atención al usuario.
Fuente: Asamblea