En su discurso de triunfo, Nayib Bukele afirmó que su gobierno pone fin al conflicto y confrontación; sin embargo, se opone a una Ley de Reconciliación, y expresa su oposición de manera tan virulenta, que nos preguntamos ¿Por qué se opone y a quien beneficiaría?
La presunta Ley de Reconciliación, sigue los parámetros establecidos en la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, bajo sentencia del 2016 – pese a todos los vicios de dicha Sentencia, expuestos por el Coronel José Luis Alvarado, en una extensa obra – ya la misma Ley de Amnistía fue juzgada el año 2000, y nuevamente juzgada, por el mismo tribunal, el año 2016, bajo los mismos conceptos ya resueltos, invocando los mismos derechos y bajo el mismo patrocinio. Estas circunstancias no han sido invocadas ante los tribunales competentes, aunque se expusieron el 2018, en discusiones promovidas por la comisión ad hoc, de la Asamblea Legislativa.
Esta Ley de Reconciliación, establece la posibilidad de que cualquier particular o asociación denuncie violaciones de Derechos Humanos, con el fin de que éstos sean investigados. En el presente, los grupos dependientes de la Universidad Centroamericana buscan procesar 129 casos, afirmando algunos que son hasta 600, todos acusando a la Fuerza Armada. Considérese, sin embargo, que sus miembros sólo actuaron en cumplimiento a su misión constitucional y que, las circunstancias les obligaron. El FMLN fue una fuerza beligerante que lucho fuera de ley, por el control territorial, dentro de un conflicto global – la Guerra Fría – se busca hoy, enjuiciar a quienes cumplieron con su deber de defender el territorio pátrio.
El FMLN, cometió delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra: crímenes selectivos, para la sensibilización de la población, uso minas, realizó genocidio de funcionarios públicos, por su filiación partidaria y, destruyó infraestructuras para dañar a la población civil, generó desplazamientos forzados y reclutamientos forzoso en adultos, menores y personas incapaces de sobrellevar los rigores de un conflicto armado. Los avisos de estos crímenes, a diferencia de las querellas presentadas por los dependientes de la Universidad Centroamericana, no pretenden una reparación económica, sino justicia, mientras que, las incoadas por la Universidad Centroamericana, generaran millones de dólares que irán, no a las víctimas, sino a la transnacional The Center for Justicie & Accontability y a sus afiliados.
La Ley de Reconciliación tiene dos oposiciones:1) la transnacional, pues se pone en riesgo muchos millones en indemnizaciones más lo ya invertido – a la larga, pagará el Estado, con los impuestos del pueblo, 2) Nayib Bukele, pierde con la Ley de Reconciliación, una de las herramientas que posee, para doblegar a la cúpula del FMLN y sólo le queda la posibilidad de procesarlos por los desfalcos al Estado durante su administración, pero si éstos se investigasen, podría salir involucrado.
Hasta la fecha, Bukele ha tildado de legítimas las luchas del FMLN, pues éstas son su origen. Actualmente está contra su cúpula, pretendiendo convertirse en el único líder de izquierda, disputando esa hegemonía; aunque se muestra por hoy, muy cercano a los Estados Unidos y las políticas neo-liberales. El nombramiento de María Chichilco como Ministro, asegúrale como propias las antiguas bases de las FPL controlando los mandos medios descontentos de dicha organización, y ya controla las bases del ERP, excluidas del FMLN.
Parece que el lobby del dinero y el poder, continúan manipulando la política, dejando como criminales a quienes actuaron conforme a la Constitución y si el resultado de los procesos no demuestra los Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra del FMLN, la Historia dirá que actuaron lícitamente y que son válidos sus reclamos, para el futuro.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra