Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓNACCION http://publicacionaccion.
San Salvador, 20 de octubre de 2019.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), anunciada por el Gobierno Salvadoreño, seguirá, según parece, los lineamientos propios de la OEA y la ONU, siendo que, los objetivos del Gobierno, manejados secretamente, serán los mismos de dichos organismos, siendo aplicados desde una visión de izquierda y supranacionalmente; si, como referencia, tomamos la experiencia de Guatemala – presentada por Bety Marroquin, Geovannii Frattii y los Coroneles Juan José Recinos y José Luis Alvarado Guevara – en evento auspiciado por el Instituto de Derecho Militar, junto con su par guatemalteco.
La libertad nos asegura el ejercicio de la soberanía, plasmada en el Art. 83 Cn., que se manifiesta de dos maneras: en la capacidad de elegir a nuestros gobernantes y en el reconocimiento internacional de nuestra autonomía. Todo nuestro sistema jurídico, político y económico, ha sido resultado de la decisión de nuestros Gobernantes y cuando una institución extranjera interviene, ejerce una presión directa, por la cual terminan siendo moldeadas.
El Derecho Internacional público, al determinar las relaciones de un Estado con una entidad internacional como la ONU, OEA, Unión Europea, etc., lo hace siempre por medio de Relaciones Exteriores, que sirve como un filtro o válvula de regulación, que filtra la intensidad de esa relación, pero cuando no es así, como ha sucedido con la Comisión Internacional Contra la Impunidad, en Guatemala (CICIG), suelen violarse las normativas internas, provocando más injusticias que las que se pretenden combatir.
En muchos casos, la violación del debido proceso y, la autonomía en su gestión, han provocado corrupción en la CICIG, que supuestamente, lucha contra la corrupción. No debemos de olvidar que sin importar la figura que se adopte nacionalmente, siempre es una entidad en relación asimétrica con las nacionales, cuyos funcionarios se relacionan con ella individualmente y no, como con el Estado. En muchos casos, como en Guatemala, la CICIG ha servido para potenciar muchas políticas, no relacionadas con la corrupción, pero que han sido debate entre las ideas liberales y la izquierda.
Nuestra estructura política y económica, han sido el producto del acomodo de las fuerzas liberales con la izquierda, al término de una guerra de más de 10 años y de una lucha constante de 25. Igual circunstancias ha vivido Guatemala, pues esas luchas fueron en el marco de la Guerra Fría. No desaparecieron las fuerzas en conflicto, sólo abandonaron las armas y, si una entidad extranjera, por medio de sus representantes, pretende modificar algunas de las estructuras jurídico-políticas, en favor de tal o cual sentido, volveremos a crear conflictos, no armados, pero sí sociales, que sólo amenazarían más, nuestro ya deteriorado sistema de Gobierno.
El mayor flagelo de una sociedad es la corrupción, que sólo ha sido posible por la ignorancia y supresión de los valores cívicos y familiares, que anularon la formación moral del ciudadano desde su infancia. La formación cívica llevará igual período de tiempo recuperarla, pero no será una CICIES, con su propia agenda política, a fin de la izquierda, la que lo logrará. Parecería que con el pretexto de nuestra incapacidad de gobernarnos o, falta de recursos, nuestras libertades están siendo delegadas a extranjeros.
Nuestra ignorancia cívica, ha permitido que los corruptos lleguen al poder, ocupando los recursos del mismo Estado para mantenerse en el: Saca y Funes son los máximos ejemplos de ello.
Si no podemos cambiar a nuestros políticos, sin un rompimiento constitucional, lo que equivaldría a quemar la casa, para evitar una plaga, sólo nos queda agruparnos y, desde la sociedad civil, organizarnos en una contraloría de la CICIES, vigilando para que se cumplan la Constitución y Leyes de la República.