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Juramentan a presidenta y magistrados de la Corte de Cuentas de la República para el período 2017-2020

Luego de que las diputadas y diputados eligieran en votación nominal y pública, a los tres magistrados que dirigirán la Corte de Cuentas de la República (CCR), el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos, juramentó a los profesionales Carmen Elena Landaverde, como presidenta; María del Carmen Martínez, como primera magistrada y Roberto Antonio Anzora, como segundo magistrado del ente contralor. Los magistrados fungirán en el cargo a partir de este día hasta el 27 de agosto de 2020.

Por primera vez, se eligió, para fungir como magistrados suplentes, a los profesionales: Nolberto Osmin Cunza López y Patricia Bardales Osegueda.

De acuerdo al artículo 198 de la Constitución de la República, para ser presidente y magistrados de la CCR, se debe cumplir con requisitos como: “ser salvadoreño por nacimiento, mayor de treinta años, de honradez y competencia notorias”, que incluye la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia que implica separación de los diversos órganos e instituciones, así como de partidos políticos; para los parlamentarios, los funcionarios electos cumplen con estos requerimientos.

El proceso de elección se realizó de conformidad al artículo 131, numeral 19, de la Constitución de la República, en el cual se establece, que es competencia de la Asamblea Legislativa, elegir, bajo votación nominal y pública, entre otros, al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República; y del capítulo XII, articulo 98, 99 y 100, en el que se plantean los parámetros a seguir en el proceso de elección.

Cabe destacar, que la Subcomisión destinada para el estudio de perfiles de candidatos y candidatas para el cargo, entrevistó a 36 profesionales que ratificaron su interés en participar en el proceso de elección y presentaron sus atestados actualizados con los cuales comprobaban que cumplían con los requisitos constitucionales requeridos.

Las entrevistas fueron de conocimiento público a través del Sistema de Medios de Comunicación Legislativos y las redes sociales institucionales, a fin de transparentar el proceso de elección.

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