Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, julio de 2020.
Las deficiencias evidentes de la Corte de Cuentas de la República, son causa de los desfalcos sucesivos y continuos de nuestros gobernantes. Debe debatirse, la elección de las personas a dicho cargo, pero también el funcionamiento de dicha institución, según su enfoque sobre la contraloría pública.
No se repone el dinero robado al Estado: Saca y Funes lo prueban. El ocultamiento de gastos del presente Gobierno, y su exigencia de gastos irrestrictos, prueban que, esta práctica, es continua. ¿Cómo evitarla? Por medio del control previo y concurrente.
Actualmente, los controles son a posteriori: se audita, cuando ya se ha efectuado el gasto, sin que se hubiese verificado su legalidad y, aunque se deduzcan responsabilidades, como en el caso de Saca y de algunos de sus funcionarios, no ha podido recuperarse lo defraudado, utilizándose únicamente, como arma política y no, como resarcimiento del daño o, ejemplo para evitar nuevos desfalcos, que serán repuestos con nuevos empréstitos y, finalmente, ser pagados con los impuestos, cada vez más altos, a los ciudadanos.
Durante la administración del Dr. Hernán Contreras, cambió el concepto de la contraloría; dejo de aplicarse, el control previo, en aras de la celeridad en la actividad pública, aunque permitió que se realizara el control posterior: fue un desmedro del sistema, pues ya no se pudo evitar la defraudación, por parte del Gobernante. Durante la administración del Lic. Rosalío Toches, se quiso, que la Corte de Cuentas, fuese el encausante del gasto público: era un inicio de populismo, pudiendo considerarse una coadministración, lo que es inconstitucional. Su administración, permitió a Mauricio Funes, el encubrimiento y desfalco, quien obtuvo un finiquito expreso, en base a la falacia, de que los gastos de la presidencia no pueden auditados por la CCR.
Se descubre hoy, que un Ministro encubre compras, a su tía política y que otro, no puede dar cuenta de millones de dólares dados, en subsidiariedad, ni precisar a quienes se les ha entregado, pero solicita, 23 millones más, en refuerzo presupuestario, que se hará con nueva deuda pública. Otro funcionario, gestiona compras de alimentos en México, mediante sus empresas y, surte al Gobierno, de alimentos enlatados a precio desconocido. Pudo haberse evitado mediante el control previo, como es en la contraloría de Costa Rica, sin entorpecer la urgencia que requieren ciertas acciones del Gobierno, pero impidiendo el abuso de autoridad, cuyo objetivo es la defraudación de los dineros del Estado.
El control previo, debe hacerse juntamente, con la separación de la parte administrativa de la jurisdiccional, pues estando unidas, los jueces conocen y sentencian a la vez, por lo que la Corte de Cuentas es un ente, eminentemente político, favoreciendo a unos y castigando a otros, a conveniencia de la influencia recibida. Un principio dentro del Derecho Procesal es crear diferentes instancias, evitando la falibilidad humana; así, en diferentes instancias descubrir la verdad y establecer justicia.
Si en una misma Cámara, se elabora el pliego de reparo (hace las veces de una demanda) conoce y sentencia, todo queda en manos de una misma instancia que, si es influida, vicia el proceso.
Nombrar en la Corte de Cuentas de la República, a personas idóneas, es necesario, pero éstas no podrán realizar una verdadera contraloría, si la estructura de la Corte de Cuentas no cambia, y no deja de ser fuente de populismo o encubrimiento gubernamental.
La Corte de Cuentas afirma hoy, que está realizando una auditoria concurrente, en el nuevo hospital El Salvador; esto no es posible, si no existe una auditoría previa, ni una planificación en los gastos, ni en sus auditorías, (art. 4 y 42 LCCR). Puro populismo, que facilitará la defraudación pública.
La libertad es el bien más preciado que poseemos, hagamos uso de ella, y protejamosla con nuestro poder soberano.