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Fiscalía podría investigar 10 embarcaciones industriales por pescar en zona restringida

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue a los responsables de diez embarcaciones industriales por realizar pesca de arrastre en las tres millas náuticas que restringe la ley.

Este día la titular del MARN presentó además de los avisos, la trayectoria de navegación registrada por el Sistema de Monitoreo Satelital de Posicionamiento Global (GPS), que fue instalado recientemente en cada una de ellas, en la que se demuestra su ubicación dentro del área restringida.

Las embarcaciones detectadas en la zona restringida fueron identificadas por los siguientes nombres: “Amanecer”, “César Junior”, “Estrella de mar”, “Gracias a Dios”, “Jiquilisco II”, “La Gaviota”, “Proteo”, ” San Agustín”, “San Chamba” y “San Gabriel”.

Los equipos GPS fueron instalados por el MAG/CENDEPESCA y el MARN en 46 barcos industriales, para vigilar que no realicen actividades de pesca dentro de las tres millas donde solo es permitida la faena para embarcaciones artesanales.

El sistema digital, que incluye una radiocomunicación, tiene alcance en toda la costa salvadoreña y registra el posicionamiento, la navegación y cronometría de cada una de las embarcaciones.

En cada barco fueron instalados una antena, un receptor de señal de GPS y una radio base que no interfieren con el funcionamiento de radares u otros equipos de las naves.

El sistema de monitoreo por GPS también permite situar y darle seguimiento a la prohibición de arrastres en las zonas de reserva acuática, que constituyen espacios de gran importancia para los ecosistemas costero marinos: las bocanas de Garita Palmera, Barra de Santiago, Cordoncillo, desembocadura del río Lempa y la bahía de Jiquilisco, que comprende las bocanas del Bajón y La Chepona.

La ministra Lina Pohl recordó a los propietarios o arrendatarios de barcos que el uso de estos dispositivos es obligatorio y que apagarlos podría ser considerado como una infracción legal de acuerdo con los Artículos 22-A y 22-B contemplados en las reformas a la Ley de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura; y que según el Artículo 260 del Código Penal, podrían considerarse como delitos ambientales.

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