La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró en firme la sentencia de 13 años de prisión, en contra del ex alcalde de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, Cristóbal Benítez Canales, quien en enero de 2016, fue condenado a esa pena, tras habérsele encontrado culpable por el delito de Tráfico Ilícito.
El informe de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, señala que el imputado fue llevado a juicio a inicios del presente año y luego de establecerse la participación delictiva le fue impuesta la referida sentencia.
La defensa, en un intento por lograr que la condena se hiciera efectiva en contra del ex edil, promovió un Recurso de Casación ante dicha instancia judicial.
Los argumentos de la Sala dan validez a la actuación de la FGR y al final declara que no se puede revisar, modificar las medidas cautelares impuestas al acusado y para lo cual cita importantes sentencias con las cuales se ha creado jurisprudencia en este tipo de procesos.
“Declarase no ha lugar a casar la sentencia impugnada en razón que no concurren los vicios alegados por el imputado Cristóbal Benítez Canales y el licenciado Ulises del Dios Guzmán Canjura, correspondiente a la inobservancia de los artículos 4 y 58 de LRARD en consecuencia confirmase el fallo emitido contra Cristóbal Benítez Canales, quien fue encontrado penalmente responsable por la comisión del delito calificado como Tráfico ilícito, …”, reza literalmente la parte final del fallo.
Las investigaciones detallan que el edil fue detenido el 21 de octubre de 2010, junto a Romeo Espinoza Hernández, también condenado a 13 años, y José Benedicto Villanueva (fallecido) en la Lotificación La Joya, San Francisco Gotera, departamento de Morazán, mientras pretendían vender dos kilos de Cocaína.
En este caso, la Fiscalía autorizó el trabajo de dos agentes encubiertos para que se filtraran en la red criminal de Benítez e intentaran comprarle dos kilos de droga. La operación fue exitosa y los implicados detenidos. Sin embargo, el anterior juez especializado de sentencia de San Miguel, los liberó aduciendo que el jefe de la Unidad Especializada en mención no tenía facultad para nombrar agentes encubiertos, pero dicho argumento fue rebatido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y ordena un nuevo juicio.
El juez especializado de sentencia de San Miguel, tras desarrollar el juicio consideró en su resolución que la Fiscalía probó con suficientes elementos, la responsabilidad de los implicados en los hechos, por lo que se le impuso la pena de 13 años de cárcel.
