Por Daan Bauwens*
 | |
| |
BRUSELAS, jun (IPS) – Corporaciones y gobiernos europeos aprovechan desde hace años un vacío legal del Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático para obtener ganancias exorbitantes. Varias fuentes indican que este lucrativo esquema ha causado más contaminación que nunca antes.
El Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) permite a las empresas europeas «compensar» su exceso de emisiones de gases de efecto invernadero comprando reducción de emisiones en países pobres.
Esta disposición se conoce como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Los requisitos para incluir en él proyectos en el exterior y la emisión de créditos de carbono –que en este caso se llaman certificados de reducción de emisiones o CRE— son controlados por el Consejo Ejecutivo del MDL, que funciona en la órbita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cada CRE equivale a una tonelada de dióxido de carbono que no fue arrojada a la atmósfera. Y se entrega a favor del responsable del proyecto, tras certificar que la reducción realmente se efectuó.
Estos CRE pueden generar instrumentos comercializables, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda.
En junio de 2010, dos organizaciones no gubernamentales ambientalistas –CDM Watch, con sede en Bonn, y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con oficinas en Washington y Londres-, descubrieron que gobiernos y corporaciones europeas estaban haciendo un flagrante mal uso del MDL.
Cincuenta y nueve por ciento de todos los CRE se originaron en los mismos 19 proyectos, aunque en el MDL había registrados 2.800 proyectos.
Los 19 proyectos producían HCFC-22, un gas refrigerante prohibido en Estados Unidos y Europa en el marco del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En los países en desarrollo, este gas deberá haberse eliminado para 2030.
«HCFC» es la sigla con que se conocen los hidroclorofluorocarbonos. El HCFC-22 es también un «supergas de efecto invernadero», 1.810 veces más potente que el dióxido de carbono. Además, el HFC-23, subproducto de la manufactura del HCFC-22, es 11.700 veces más dañino que el dióxido de carbono.
Cuando los productores del refrigerante deciden quemar ese subproducto HFC-23 en vez de liberarlo al aire, son aptos para recibir montones de créditos concedidos bajo el MDL. La quema de una tonelada de HFC-23 permite adquirir 11.700 créditos de emisión para la planta que quema el gas.
Este negocio resultó ser muy lucrativo. La quema del equivalente a una tonelada de dióxido de carbono cuesta apenas 25 centavos, mientras que los créditos pueden venderse en el mercado europeo por no menos de 19 dólares.
Estos proyectos pronto atrajeron a bancos inversores, que quisieron participar de las ganancias: JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Rabobank y Fortis.
Junto a estos bancos, los gobiernos italiano, holandés y británico aparecen varias veces en la lista de inversores. Grandes empresas de energía, entre ellas E.ON y RWE (Alemania), Nuon (Holanda), Enel (Italia) y Electrabel (Bélgica) también figuran como participantes en estos proyectos.
Los antecedentes recopilados por CDM Watch y la EIA señalan que las ganancias derivadas de esta compensación de gases acabaron esitimulando la producción del nocivo HCFC-22. Según la EIA, el precio de una tonelada de este gas oscila entre 1.000 y 2.000 dólares, mientras que la misma tonelada vale entre 5.000 y 5.800 dólares en CRE cuando se vende en el mercado europeo.
En economía esto se llama «incentivo perverso», y se produce cuando un incentivo tiene un resultado no buscado e indeseable que va en contra de lo que se propone la política en cuestión.
En total, las empresas y los gobiernos europeos han financiado estos proyectos por no menos de 1.500 millones de dólares, mientras que el verdadero costo que tiene abatir este gas es apenas 150 millones de dólares.
«Este dinero se invirtió en falsas reducciones de emisiones», dijo Eva Filzmoser, directora de programa en CDM Watch.
«Según el MDL, los créditos obtenidos representan reducciones de emisiones. Pero en vez de eso, se produjeron más gases de efecto invernadero mientras las empresas occidentales seguían arrojando tanto como antes. El daño ambiental es inmenso», declaró a IPS.
Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre 2004 y 2009 la producción de HCFC-22 pasó de 15 millones a 28 millones de toneladas.
Luego de las quejas de CDM Watch y la EIA, la ONU inició su propia investigación, mientras frenaba frenar la emisión de nuevos CRE.
Esta investigación, que concluyó el 16 de noviembre de 2010, fue catalogada como «confidencial» por la ONU a causa de la «información comercialmente delicada» que contenía.
Sin embargo, IPS accedió a ese documento. Allí se establece que algunas de las plantas de producción investigadas estaban «maximizando los créditos en vez de satisfacer la demanda del producto». No obstante, el informe plantea que solamente hay «señales» de incentivos perversos y que la evidencia no es «concluyente».
El 26 de noviembre, el Consejo Ejecutivo del MDL decidió emitir otros 20 millones de créditos para 12 proyectos de HFC (hidrofluorocarbonos).
Jos Delbeke es el titular de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) que se creó el año pasado. Según él, la Comisión estaba al tanto del problema antes de que las organizaciones no gubernamentales iniciaran su campaña.
«En la ONU nos venimos quejando de este problema desde hace varios años. No se deberían obtener CRE con gases que están prohibidos en Europa», dijo Delbeke a IPS.
El principal problema, opinó, no es el daño ambiental. «Se están generando ganancias a partir de la usura, y eso es repugnante», afirmó Delbeke.
«Así no podemos conseguir que nuestra política climática funcione. Tenemos que preguntar si acaso no podríamos haber hecho mucho más con la cantidad de dinero que se gastó».
Cuando resultó evidente que la ONU no tomaría medidas, la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea decidió proponer una prohibición de los créditos por emisión de HFC.
La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, propuso el 1 de enero de 2013 como fecha de entrada en vigor de esa prohibición. Pero la historia no termina ahí.
* Éste es el primero de dos reportajes sobre cómo corporaciones y gobiernos europeos se benefician económicamente de un vacío legal en el Protocolo de Kyoto.
El plazo propuesto se basaba en que para entonces habrá expirado la segunda fase del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, tras la cual pueden aplicarse nuevas normas.
Grupos de presión de la industria y organizaciones empresariales resistieron la prohibición. El no gubernamental Corporate Europe Observatory (Observatorio Corporativo Europeo), con sede en Bruselas, hizo uso de las Regulaciones de Libertad de Expresión e Información para obtener documentos y reconstruir la historia completa.
BusinessEurope es el grupo de presión más influyente en Bruselas, y representa a 40 federaciones de industriales y empleadores de 34 países europeos. En octubre de 2010, su director general, Philippe de Buck, envió una carta a Hedegaard y al comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, en la que manifestó su oposición a limitar el uso de créditos derivados del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Éste, previsto en el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005), permite a las empresas de naciones industrializadas «compensar» su exceso de emisiones de gases de efecto invernadero comprando Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) en países en desarrollo. El proceso es controlado por el Consejo Ejecutivo del MDL, que funciona en la órbita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
BusinessEurope también hizo uso de un nuevo empleado que acababa de finalizar tres años de trabajo en la Comisión Europea de Industria y Emprendimiento. En un correo electrónico enviado a sus ex colegas de esa cartera, este empleado se refiere a una reciente salida de despedida con sus compañeros y expresa su deseo de seguir trabajando juntos en su nueva función de lobby. En un archivo adjunto al mensaje, envía el documento de BusinessEurope que se opone a la prohibición.
El gigante italiano de la energía Enel figura como inversor en siete de los 19 proyectos de HFC que recibieron CRE. Un tercio de la empresa es propiedad del gobierno italiano.
En noviembre de 2010, el director de Relaciones Institucionales europeas de Enel, Roberto Zangrandi, envió una carta a varios miembros del Parlamento Europeo señalando que «es crucial la confianza en el sistema y en los procedimientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el MDL a fin de garantizar la integridad y la credibilidad de este mecanismo».
Pero apenas dos semanas antes, Zangrandi envió otra misiva a Antonio Preto, miembro del gabinete de Tajani, invitándolo a mantener una conversación amistosa sobre un problema serio: Zangrandi explica allí que, de prohibirse el comercio de créditos de HFC el 1 de enero de 2013, su empresa perderá «por lo menos 20 millones de créditos con un valor significativo».
En una entrevista publicada en noviembre en el sitio web PointCarbon.com, que se dedica a los mercados de carbono, Simone Ruiz, directora de Políticas Europeas en la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, señaló que la Dirección General de Empresa e Industria intentaría aplazar la fecha.
Según PointCarbon.com, posponerla apenas cuatro semanas significaría el ingreso de entre 30 millones y 100 millones extra de créditos de HFC al mercado europeo. De este modo, las empresas podrían hacer pleno uso de los créditos en los que hubieran invertido.
Según Eva Filzmoser, directora de programa del no gubernamental CDM Watch, los cabilderos se comportaron de un modo muy poco ético. «Lo correcto es insistir en una investigación minuciosa, esperar las conclusiones y tomar una decisión», dijo a IPS.
«Muchos inversores decidieron poner dinero en estos proyectos solamente después de que la Comisión Europea (rama ejecutiva de la Unión Europea) abrió la puerta a posibles restricciones en 2008. Fue un riesgo calculado, y la mayoría de los inversores ya habían recibido abundantes ingresos. Además, algunos inversores nos dijeron informalmente que sabían que fábricas indias y chinas estaban aumentando su producción (de HFC) para impulsar los créditos», agregó.
En junio de 2010, CDM Watch, con sede en Bonn, y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con oficinas en Washington y Londres, descubrieron que los gobiernos y las corporaciones europeas habían incurrido en un flagrante mal uso del MDL.
Cincuenta y nueve por ciento de todos los CRE se originaron en los mismos 19 proyectos, aunque había 2.800 proyectos registrados en el MDL. Todas estas 19 iniciativas producían HCFC-22, un gas refrigerante prohibido en Estados Unidos y Europa en el marco del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En los países en desarrollo, este gas deberá haberse eliminado para 2030.
Pero la industria terminó consiguiendo lo que pedía cuando el 21 de enero de este año la Comisión Europea dio a conocer su propuesta final: la fecha para la entrada en vigor de la prohibición se había postergado del 1 de enero al 30 de abril de 2013.
Según algunas estimaciones, esto hará que 52 millones extra de CRE ingresen al mercado europeo, permitiendo que las empresas arrojen a la atmósfera un volumen de ese gas contaminante equivalente a lo que emite Bélgica por año.
* Éste es el segundo reportaje sobre la forma en que corporaciones y gobiernos europeos se benefician económicamente de un vacío legal del Protocolo de Kyoto.