POR Enrique Castillo Barrantes – Actualizado el 26 de 
marzo de 2014 a: 12:00 a.m.
En una opinión publicada por la señora Abril Gordienko ( La Nación , 5 de marzo, pág. 31A) sobre la situación que prevalece en Venezuela, declara su “repudio por las acciones del gobierno de Maduro y solidaridad con los manifestantes”. Luego, se refiere a la “indiferencia” de la comunidad internacional. También afirma que el Gobierno ha mantenido un “tenaz silencio” sobre lo que ocurre en Venezuela.
El Gobierno comparte la legítima preocupación de la señora Gordienko por lo que acontece en Venezuela, pero nuestra posición no es la de quienes, con sus acciones o palabras, terminan por atizar una ruptura institucional o, incluso, un golpe de Estado, como algunos sugieren, una salida que solo agravará la situación del pueblo venezolano.
Claramente, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que lo que procede es alentar a los propios venezolanos para que, por medio de los mecanismos constitucionales e institucionales previstos en su ordenamiento interno, puedan encontrar solución a sus diferencias.
Diálogo. Como fervientes creyentes del diálogo, advertimos que sería muy peligroso y contraproducente una salida que exacerbe la violencia. Nuestro llamado es a la prudencia y la cordura. Costa Rica, como país de paz, claramente sumó su voz a quienes abogan por el diálogo y por evitar un agravamiento de la situación, que solo dolor y sufrimiento podría causar al pueblo venezolano.
Fuimos de los primeros países del continente que, desde el 14 de febrero, nos pronunciamos y emitimos un comunicado en que deploramos “las manifestaciones de violencia, del 12 de febrero, que han causado luto y dolor entre los venezolanos”.
Y, en relación con los hechos de violencia, expusimos que “es pertinente que las autoridades venezolanas investiguen y determinen las responsabilidades por las víctimas y heridos” (www.rree.go.cr).
Desde la Celac, nuestro país ha alentado las posiciones responsables, y ha manifestado, como dice el comunicado de ese foro, la importancia del “pleno respeto de todos los derechos humanos”.
El texto del comunicado de prensa emitido por la Cancillería afirmaba que: “Costa Rica, respetuosa de los asuntos internos de los países hermanos, expresa su preocupación de que pueda exacerbarse un clima de confrontación que perturbe la paz y la estabilidad de Venezuela”.
Y reiteraba su esperanza en que “los recientes sucesos puedan encontrar vías de solución por el camino del diálogo y del entendimiento para el bien del pueblo venezolano”.
“Costa Rica, como país amante de la paz, exhortaa queprevalezca la cordura y el respeto paraevitar un agravamiento de la situación, pues laviolencia solo puede causar más división y dolor”, dijimos en el comunicado.
Responsable y prudente. Costa Rica también llamó a “fortalecer los canales de la concordia y la convivencia entre hermanos y superar estos apremiantes momentos”.
Los cancilleres de Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela),en una reciente declaración (12-03-2014), han coincidido con la posición de Costa Rica. Reunidos para conocer la situación en Venezuela, acordaron: “respaldar los esfuerzos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo entre el Gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales, con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social”.
Como puede apreciarse, hemos expresado nuestra opinión, que, ciertamente, no es la de echar más leña a la hoguera. Como hemos documentado, el Gobierno de Costa Rica, de manera responsable y prudente, sí se ha pronunciado sobre Venezuela.
Podemos tener la seguridad de que, si la señora Gordienko se hubiese informado de manera adecuada, habría fundamentado sus opiniones apropiadamente, sin lanzar acusaciones sobre un supuesto silencio, que no son consistentes con la realidad. Una opinión responsable y sustentada ayuda a fortalecernos como país. Lo contrario es poner en entredicho a la nación costarricense y sus valores de sociedad civilista y amante del diálogo y la paz.
Actualizado el 26 de marzo de 2014 a: 12:00 a.m.
Venezuela, la OEA y la legitimidad democrática
La Organización de Estados Americanos tiene que abandonar los temores de la diplomacia cómplice y pronunciarse valientemente sobre Venezuela
En mes y medio, las manifestaciones han dejado 36 muertos, cientos de heridos y lesionados y más de mil detenidos sin el debido proceso
La condenable decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no atender con responsabilidad democrática la discusión del caso de la crisis política, social y de seguridad que golpea a Venezuela, inflige una profunda herida de graves consecuencias al Sistema Interamericano.
Cuando un organismo continental como la OEA adopta la indiferencia ante los atropellos contra los derechos humanos y la libertad de expresión, a la vez que conduce sus sesiones en privacidad dolosa decretando un bloqueo informativo, reniega de su deber moral y ministerial de adoptar una postura digna y rotunda contra toda agresión que sufra la democracia en cualquiera de sus estados miembros.
Esas agresiones, que comete el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que la OEA se niega a ver y a rechazar, tuvieron este lunes otro episodio de funesta trascendencia, cuando el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, anunció la expulsión de la diputada independiente María Corina Machado, en represalia por haber participado el viernes último en Washington en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en calidad de “delegada alterna”, puesto cedido por el embajador de Panamá para que pudiera exponer y denunciar la situación de su atribulado país. Con la acción de Cabello, la diputada es despojada, en consecuencia, de la inmunidad parlamentaria, lo que la deja a merced de ser procesada por el gobierno bolivariano por el supuesto delito de “traición a la patria”.
En un acto que debe ser imperativamente condenado por la comunidad internacional, esta arbitraria expulsión se produjo en momentos en que la parlamentaria estaba de visita en Lima, Perú, en una conferencia a la cual fue invitada para exponer los hechos que han sacudido a la nación suramericana en las últimas semanas.
Estas acciones autoritarias y antidemocráticas convierten en urgentes las iniciativas de apoyo a los sectores democráticos de Venezuela. Los organismos internacionales, como la OEA, deben entender esa urgencia porque estamos ante una cadena creciente de persecución política, encarcelamiento de líderes de la oposición, de represión y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas que, en mes y medio, han dejado 36 muertos, cientos de heridos y lesionados y más de mil detenidos sin el debido proceso.
La mayoría de las víctimas de esta represión brutal proviene de las filas de los manifestantes, que han salido a la calle en protesta por el clima de inseguridad ciudadana, de las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión, en protesta por el desabastecimiento y el alto índice de escasez que obligan a los venezolanos a interminables filas para poder adquirir los alimentos y medicinas de primera necesidad.
Por eso es tan doloroso que, contrario a todo espíritu democrático y de transparencia, una mayoría de países de Sur, Centroamérica y el Caribe básicamente “beneficiarios” de Petrocaribe, y a los que Venezuela suministra alrededor del 40% de la energía, decidiera que la sesión del Consejo Permanente de la OEA, bajo la presidencia condicionada del embajador de la República Dominicana, se realizara a oscuras, en privado. Y se procediera a excluir a los periodistas, en un intento inútil, para evitar que el mundo se enterara de este triste capítulo de la historia latinoamericana.
A favor de una conducción antidemocrática de la discusión sobre Venezuela, votaron Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Bahamas, Belice, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam y la República Dominicana.
En contraste, impulsaron la transparencia Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Paraguay y Panamá, proponente de la atención multilateral al caso venezolano. Es ese multilateralismo el que hace tambalear decisiones como la tomada por la OEA de jugar a la escondida ante una crisis que involucra vidas, democracia e integridad.
La Organización de Estados Americanos tiene que abandonar los temores de la diplomacia cómplice, pronunciarse valientemente sobre Venezuela y demostrar si quiere conservar o abdicar a su legitimidad.
* Este editorial fue publicado de manera simultánea por todos los miembros del Grupo de Diarios de América