Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
Están autorizados para ejercer la abogacía por la Corte Suprema de Justicia más de 22,000 ciudadanos. Algunos prestan servicios en instituciones gubernamentales o privadas y otros en despachos particulares, pero un notable porcentaje no tiene trabajo vinculado a esta profesión.
Tal situación no es exclusiva de El Salvador, ya en 1920, Piero Calamandrei escribió un ensayo denominado “Troppi Avvocati!” (¡Demasiados Abogados!), el cual fue considerado como una denuncia ante la decadencia intelectual y moral de la abogacía, derivada de la proliferación de abogados por el gran número de escuelas de derecho.
Según Calamandrei, este exceso “destruye todas las ventajas de la abogacía libre; y el problema fundamental de esta consiste, pues, en impedir, a través de una severa selección intelectual y moral, que el número de profesionales de la abogacía salga fuera de los límites compatibles con las finalidades públicas de la profesión. Son necesarios pocos abogados y bien escogidos; de otro modo la utilidad social de la abogacía es una mentira y una ironía”.
Son 13 las universidades del país que ofertan la carrera de ciencias jurídicas, lo que pareciera efecto práctico de la demanda de matrículas estudiantiles, la que no guarda proporción con los requerimientos de servicios de abogacía.
Lo anterior ha provocado que algunas facultades de derecho dejen de ser centros de adecuada formación y se conviertan en virtuales “maquilas”, debido al alto grado de producción anual de egresados, cuyo número se cuenta en miles, con secuela de frustraciones vocacionales y laborales. Además, se advierte un nivel de saturación en la inmensa población estudiantil cursante, lo que anticipa un colapso. No logran plazas judiciales o ministeriales, ahora ocupadas por graduados como notificadores y auxiliares, donde antes los estudiantes se formaban. Cunde la inexperiencia, la falta de conocimientos y prácticas. Calamandrei menciona consecuencias del exceso de abogados: 1. Decaimiento de la condición económica de quienes ejercen la profesión. 2. Decaimiento moral de la profesión, que lleva a muchos a incurrir en prácticas reñidas con la ética. 3. Decaimiento intelectual de los abogados.
El Estado cuenta con pocos medios para disminuir o regular la cantidad de estudiantes y egresados, principalmente porque de acuerdo con la Ley de Educación Superior las universidades se autorregulan y les basta la aprobación de un plan de estudios esencial. El Ministerio de Educación apenas puede comprobar la calidad académica universitaria en un proceso que se realiza cada tres años.
Calamandrei recomienda: modificar el sistema de enseñanza, aumentar la exigencia en los exámenes, corregir vicios de la práctica profesional, fortalecer los colegios profesionales y recuperar la moralidad en el foro.
Sugerimos reforzar las especializaciones, limitar el número de escuelas de derecho, incrementar los controles de calidad de la enseñanza y requisitos de graduación y autorización.
El CEJ hace un urgente llamado a la Corte Suprema de Justicia, institución responsable de autorizar y controlar el ejercicio de la abogacía (art. 182, 12.ª Constitución) y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, como defensora del gremio, para que propicien un estudio a profundidad y propongan una solución integral y efectiva frente a la caótica situación.
Para concluir, retomamos palabras del inglés Bagot, citadas por Calamandrei: “La más popular de las profesiones civiles es la de abogado; (la nación) está llena de abogados, de procuradores y de leyes. Pero, desgraciadamente, justicia hay muy poca. La profesión de abogado, como tantas otras, se resiente mucho del gran número de los que la ejercen, de lo cual se deriva que, aún habiendo muchos abogados y procuradores honrados y concienzudos, hay también muchos que para vivir se ven obligados a no tener ni una ni otra de esas cualidades”.
