En el año 2015, el Gobierno de El Salvador, aprobó un nuevo impuesto que iba orientado a combatir la inseguridad provocada por la escalada de violencia, donde cada servicio de telefonía, entre venta de aparatos, saldo, servicios de cable, teléfono e internet iría orientado al combate a la delincuencia que azota en El Salvador.
Hoy, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió cinco demandas de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, por la presunta vulneración al principio de equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica y al principio de unidad de caja o de no afectación, ambos previstos en los artículos 131 ordinal 6° y 224 inciso 1° de la Construcción de la Republica.
Las demandas a analizar son: La supuesta transgresión al principio de equidad tributaria, ya que los demandantes indican el tributo establecido en el artículo 1 inciso 1° de la ley no es una contirbución especial, sino un impuesto debido a que no puede extraerse u beneficio por parte de quienes pagan el tributo, así mismo se paga un tributo, por los servicios, es decir el impuesto al valor agregado que se conoce como IVA.
De acuerdo al artículo 11 de la Ley, establece que los fondos recaudados por el pago de contribución especial, serán destinados a la seguridad ciudadana y convivencia, y no a la necesidades y obligaciones generales del Estado, tales como el Instituto de la Juventud (INJUVE) y programas de prevención y Festivales de Casa Abierta.
Las resoluciones de admisión fueron firmadas por los magistrados José Oscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia.