La Comisión de Legislación definió presentar al Pleno Legislativo, el dictamen respectivo para que se reforme el artículo 367 del Código Penal, con el fin de incrementar las penas a quienes se lucran del tráfico ilegal de personas, particularmente de menores de edad, y equiparar así dicho código con la Ley Especial contra la Trata de Personas.
La propuesta argumenta que en aras de promover el interés superior del menor, es necesario proteger y hacer cumplir sus derechos en realidades concretas, tomando en cuenta informes internacionales que certifican la evidencia que carteles criminales abusan de los menores, siendo víctimas de los delitos más repudiables.
En ese contexto, la reforma establecerá que la persona que por sí o por medio de otra, intentaré introducir o introduzca extranjeros al territorio nacional, los albergue, transporte, guíe o realice actos de promoción con el propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países, será sancionado con prisión de seis a ocho años, actualmente la pena oscila entre los cuatro y ocho años.
En igual pena incurrirá la persona que por sí o por medio de otra, realice actos de promoción, albergue, transporte o guíe personas nacionales, con la finalidad de evadir los controles migratorios del país o de otros países.
No obstante, si la conducta descrita ocurre contra personas menores de dieciocho años de edad o con discapacidad física, sicosocial, intelectual, sensorial, ciegas y sordas, indistintamente de la edad que estas últimas tengan, la pena a imponer será prisión de ocho a doce años.
Es decir que con la reforma no solo se aumentarán las penas sino que también se crearán otras figuras que establecerán una legislación más estricta y determinante en torno al delito del tráfico ilegal de personas.