Dicha ley interfiere con la función federal de establecer políticas de inmigración
que la ley S.B. 1070 interfiere inconstitucionalmente con la autoridad del gobierno federal de establecer y hacer cumplir las políticas de inmigración?, indica el comunicado de prensa difundido el 6 de julio por la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de ?En un auto presentado ante el Distrito de Arizona, el Departamento de Justicia dijo
Justicia de Estados Unidos.
WASHINGTON
El Departamento de Justicia impugnó hoy ante un tribunal federal la leyde inmigración aprobada en fechas recientes por el estado de Arizona y conocida como
ley S.B. 1070
En un auto presentado ante el Distrito de Arizona, el Departamento de Justicia dijo que la
ley S.B. 1070 interfiere inconstitucionalmente con la autoridad del gobierno federal de
establecer y hacer cumplir las políticas de inmigración, y explicó que ?la Constitución y las
leyes federales no permiten elaborar un conjunto fragmentario de políticas de inmigración
estatales y locales en todo e
l país?. Este mosaico de políticas estatales y locales
perturbaría seriamente la labor de hacer cumplir las leyes de inmigración que corresponde
a los organismos federales. Al haber promulgado su propia política de inmigración que
entra en conflicto con la
s leyes federales de inmigración, Arizona ?cruzó el límite de loconstitucional?.
El escrito del Departamento decía que la ley S.B. 1070 supondrá grandes cargas sobre los
organismos federales, desviando recursos de los objetivos de alta prioridad, como lo son
los extranjeros implicados en actos de terrorismo, contrabando de drogas, actividad de
pandillas, y aquellos con antecedentes criminales. Los mandatos que exigen a los
organismos del orden público de Arizona también se traducirán en el acoso y la detención
de extranjeros e inmigrantes documentados, así como de ciudadanos estadounidenses
que no puedan demostrar fácilmente su condición legal.
En declaraciones presentadas junto con en el escrito, funcionarios del orden de público de
Arizona, entre ellos los Jefes de Policía de Fénix y Tucson, sostuvieron que la ley S.B.
1070 obstaculizará su capacidad para patrullar eficazmente sus comunidades. Los jefes
dijeron que las víctimas o testigos de delitos serían menos propensos a acudir a agentes
del orden público o colaborar con ellos, y que la aplicación de dicha ley les obligaría a
reasignar agentes de ámbitos esenciales como delitos violentos, delitos contra la
propiedad y allanamientos de morada.
El Departamento presentó la demanda después de haber realizado amplias consultas con
las autoridades de Arizona, agentes y organizaciones del orden público y defensores de
los derechos civiles. La demanda se presentó en nombre del Departamento de Justicia, el
Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, que comparten las
responsabilidades de administrar las leyes federales de inmigración.
?A los habitantes de Arizona les frustra, con razón, la inmigración indocumentada, y el
gobierno federal tiene la responsabilidad de encarar de manera exhaustiva esas
preocupaciones?, dijo el secretario de Justicia Holder. ?Pero el traslado de recursos
federales a otras actividades que no se enfocan en extranjeros peligrosos, como
sospechosos de terrorismo y extranjeros con antecedentes penales, impactará la
seguridad de todo el país. El establecimiento de la política de inmigración y el
cumplimiento de las leyes de inmigración es una responsabilidad nacional. El intento de
abordar la cuestión a través de un conjunto fragmentario de leyes estatales creará más
problem
as que soluciones?.?Con el firme apoyo de los organismos del orden público locales y estatales, veté varias
leyes similares cuando era gobernadora de Arizona, porque habrían desviado recursos
esenciales para organismos del orden público de las amenazas más graves para la
seguridad pública y socavado la confianza vital entre los municipios y las comunidades a
las que sirven?, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. ?Estamos
trabajando de cerca con legisladores de ambos partidos en el Congreso en una reforma
integral del sistema federal de inmigración, ya que este problema no puede resolverse
con un mosaico de leyes estatales incompatibles, entre las cuales figura ésta. Mientras
avanza el esfuerzo bipartidista para reformar nuestro sistema de inmigración, el
Departamento de Seguridad Nacional continuará haciendo cumplir las leyes vigentes
mediante la mejora de la seguridad fronteriza y la deportación de los extranjeros que
sean delincuentes?.
El Departamento de Justicia ha solicitado una orden judicial preventiva que prohíba la
aplicación de esta ley, argumentando que su entrada en vigor ocasionará daños
irreparables.
?Arizona desea de manera inadmisible regular la inmigración mediante la creación de una
política de inmigración sólo para Arizona que está expresamente concebida para competir
o suplantar a la del gobierno federal. Como tal, la política de inmigración de Arizona
excede la función de un estado con respecto a los extranjeros, interfiere con la
administración equilibrada del gobierno federal de las leyes de inmigración y socava los
objetivos de la política exterior de Estados Unidos. La ley S.B. 1070 no pretende
simplemente apoyar la política de inmigración del gobierno federal, sino que crea un
régimen de inmigración independiente sin precedentes que excede los límites
constitucionales?, dijo el Departamento en su planteamiento.
