La incertidumbre jurídica de los 300 mil habientes de lotes que no poseen escrituras, aunque los han cancelado, se discutió en la Comisión de Obras Públicas, como un insumo más para la elaboración del Proyecto de Ley de Lotificaciones; de continuidad al proceso consultivo que realizan los Diputados y Diputadas.
El término sancionatorio que el Centro Nacional de Registros ha interpuesto a las administradoras de las lotificaciones ha paralizado los trámites para la inscripción de las escrituras; al incumplir con los requisitos técnicos de equipamiento social- como zonas verdes, desagüe de aguas negras y lluvias- que solicita el nuevo lineamiento del CNR, vigente desde el 26 de octubre del presente año, y de los demás requerimientos legales que solicitan las instituciones de saneamiento, bienestar habitacional, etc.
Los representantes de la Corporación “ARGOZ” y de la Asociación de Lotificadores e Inversionistas de El Salvador explicaron a los legisladores que estos proyectos habitacionales son para personas de escasos recursos; y que se categorizan como de “desarrollo progresivo”, por tanto los costes del proceso de legalización, que la institucionalidad ahora les demanda, les son elevados.
Al final de la reunión, los miembros de la comisión coincidieron en que se debe resolver el problema prontamente, con base a las propuestas que realicen las partes afectadas; ya que esta situación es un déficit para el país, porque obstaculiza la inversión inmobiliaria. El conocimiento de la venta de lotificaciones, sin amparo legal, es un insumo más para la discusión del Proyecto de Ley de Lotificaciones que sesiona la comisión.
Marcela Mata.