La justicia es el fin último de toda la actividad del Estado y los abogados, los obligados a velar por su cumplimiento; pero si se busca, creando en esa actividad, una forma de negocio, la noble gestión se desnaturaliza y vuelve injusta. La historia de El Salvador nos permite reflexionar sobre esta delicada cuestión. La obra más completa e imparcial sobre nuestro pasado conflicto armado es “EL SALVADOR: ARCHIVOS PERDIDOS DEL CONFLICTO” que, en sus tres volúmenes titulados, “Nadie es completamente bueno, ni completamente malo”, “Si vas a juzgar, hay silla para todos” y “¿Valió la Pena?, ese pasado, vuélvese presente en el Derecho, por la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, pese a la resolución en contrario, del año 2000, así el conflicto aún no se ha cerrado y, comprobamos que la justicia se vuelto corrupción: sólo beneficia a algunos profesionales del Derecho, que actúan, como parte de una transnacional que pretende sólo lucrarse del pasado.
No me refiero a las transnacionales que quitan o ponen gobiernos o, que promueven conspiraciones mundiales, para defender grandes intereses corporativos y las economías de las potencias, sino a quienes, cual carroñeros, se lucran de las consecuencias de esas luchas, promoviendo “justicia” para las víctimas, previo enjuiciamiento, a quienes han cumplido con sus obligaciones constitucionales, para hacer que los Estados paguen cuantiosas sumas de dinero, el cual nunca llega a las víctimas: es repartido en ese impresionante aparataje transnacional. Una verdadera industria que explota y revive el dolor de un país, para tener lucro personal: no hay diferencia entre esta, y una gran corporación que compra gobiernos para su lucro personal: Caso Odebrecht, que ha salpicado a toda Latinoamérica (hasta al Gobierno de Funes).
El Centro de Justicia y Responsabilidad (The Center for Justice & Accountability, CJA por sus siglas en ingles), una escisión de Amnistía Internacional y que con el patrocinio inicial, del Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura de las Naciones Unidas, inicia una corporación que litiga en Bosnia, Chile, China, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, Somalia y otros países africanos, Asia, Europa del Este y el Oriente Medio.
Su negocio consiste en crear condiciones para dar continuidad a los conflictos, y cobrar a los Estados jugosas indemnizaciones, alegando que hubo violaciones a los Derechos Humanos, por lo cual deben de indemnizar a las víctimas, que sólo reciben en definitiva, compensación insignificante, en comparación con lo que queda a esta transnacional y sus filiales locales.
En El Salvador, esa filial es el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) por medio del cual, querella indirectamente el The Center for Justice & Accountability (Almudena Bernabéu, una de las administradoras de la Transnacional afirma, que su entidad litiga en El Salvador). Por muchos años, Benjamín Cuellar ha sido miembro de dicha organización y, David Morales ha representado al Estado de El Salvador hasta su condena y, hoy, está litigando contra las acciones del mismo, en un doble papel, que sólo beneficia a sus intereses.
Este hecho y situación ha sido denunciado también en Argentina, por medio del libro “EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, humildes estafados, progres engañados, trampas y corrupción: los verdaderos sueños compartidos entre el gobierno y las organizaciones de DDHH”. El Salvador es un calco de Argentina.
Que el salvadoreño trabajador, no pague las cuentas de estos abogados voraces, ni se use la sangre y esfuerzo de un pasado conflicto, para nutrirles en el presente y en el futuro. Detener esta nueva forma de corrupción en El Salvador, es absolutamente necesario.
Por: Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra