Promover la rendición de cuentas de la Policía Nacional de Nicaragua - Periódico EL Pais

Promover la rendición de cuentas de la Policía Nacional de Nicaragua

Departamento de Estado de EE. UU.
Declaración de Prensa

Matthew Miller, Portavoz

El Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN). Desde noviembre de 2021 y en consonancia con la proclama presidencial emitida por el presidente Biden dirigida a salvaguardar la democracia en Nicaragua, Estados Unidos determinó la imposición de restricciones de visado a más de 1.750 funcionarios nicaragüenses. Estas medidas reiteran nuestro apoyo inquebrantable a las aspiraciones del pueblo nicaragüense a su libertad, justicia y dignidad.

Los miembros de la PNN afectados por las medidas de hoy forman parte del gobierno del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, que practican ataques orientados contra la sociedad civil. Estos ataques han negado profundamente el acceso de su pueblo a importantes servicios así como su libertad para organizarse, expresar opiniones y diseñar su futuro libres del miedo y las represalias. Las acciones de la PNN debilitan el proceso democrático y fomentan un entorno en que la disensión o la percepción de disensión se enfrentan con medidas punitivas, con frecuencia brutales, en lugar de abrir el diálogo y el debate.

Estados Unidos de nuevo urge a Ortega y Murillo a cesar sus amenazas, hostigamiento y el arresto injusto de los que defienden la sociedad civil, las libertades de expresión, de religión o de credo y de asociación, como señala el cuarto Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El constante desmantelamiento por parte de Ortega y Murillo del espacio cívico, incluyendo la revocación del estatuto legal de más de 5.500 ONG, paraliza la disensión y perpetúa el miedo y la opresión en Nicaragua.

Esta medida se adoptó conforme a la proclama presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que formulen, apliquen y/o se beneficien de políticas o acciones que debiliten las instituciones democráticas.