ONG de derechos humanos aseguran que la impunidad, tras más de 30 años, es «una deuda que ningún Gobierno ha atendido».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recordó este sábado (23.03.2024) a El Salvador la necesidad de avanzar en una ley de reparación para las víctimas de la guerra civil (1980-1922) que cuente con su participación.
«Es fundamental para El Salvador avanzar en la elaboración de una ley de justicia transicional que involucre activamente a las víctimas, garantizando así su dignidad de acuerdo con los estándares internacionales», indicó la agencia en un breve comunicado colgado en la red social X (antes Twitter). Agregó que también «es importante que los procesos judiciales en curso garanticen una justicia pronta y efectiva».
«Reconocemos el esfuerzo de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y a la sociedad civil salvadoreña por impulsar el acceso a la justicia, la verdad y la preservación de la memoria histórica, reparaciones integrales y garantías de no repetición», subrayó el organismo.
La lucha de las víctimas de la guerra salvadoreña
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Congreso en 2016, en un falló que anuló una ley de amnistía de 1993, emitir una ley de reparación para las víctimas. Sin embargo, con la llegada de una legislatura con la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) se archivaron propuestas presentadas por organizaciones de las víctimas y no se aborda el tema desde el 2021.
En febrero de 2020, la legislatura de ese momento -de mayoría opositora- aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por el presidente Nayib Bukele. Posteriormente, en septiembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa anunció un nuevo proceso de análisis para la creación de una ley de justicia transicional, pero no se ha avanzado.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que el estado de impunidad que persiste tras más de 30 años, desde que acabó la guerra, es «una deuda que ningún Gobierno ha atendido».
Entre 1980 y 1992, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, convertido en partido político) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertes y 8.000 personas desaparecidas.
Tras la anulación en 2016 de la amnistía de 1993, algunos tribunales reabrieron casos que permanecieron cerrados por décadas, como la masacre de seis jesuitas (1989), la matanza de unas 1.000 personas en El Mozote (1981) y el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980).
ama (efe, el diario de hoy)