El exasesor de Seguridad de Nayib Bukele murió bajo custodia estatal. Un equipo forense determinó que la investigación sobre su muerte no se ajustó a «estándares internacionales», según HRW.
Un informe elaborado por expertos forenses internacionales señala irregularidades en la atención hospitalaria en El Salvador y la investigación posterior a la muerte del exasesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, según informó este martes (15.10.2024) Human Rights Watch (HRW).
Muyshondt, quien falleció en custodia estatal, fue detenido en agosto de 2023 acusado de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014).
«El análisis de los expertos revela fallas profundamente preocupantes tanto en la atención médica proporcionada a Alejandro Muyshondt como en la investigación posterior a su muerte», dijo en un comunicado la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus Estrada. Apuntó que «estos hallazgos se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador».
La nota de HWR explica que los expertos concluyeron que el «nivel de desorganización» del registro hospitalario «representa una deficiencia significativa en el proceso de atención hospitalaria». El informe señala que dicho expediente indica que Muyshondt falleció el 7 de febrero de 2024 y que «padecía múltiples problemas de salud como meningitis, hemorragia cerebral, fallo multiorgánico y cáncer de estómago». Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que los archivos médicos «carecen de pruebas de laboratorio y radiológicas necesarias para confirmar estas condiciones».
Además, en el expediente no se incluyó «ninguna imagen radiológica que establezca que el Sr. Muyshondt sufría una hemorragia cerebral y si esta condición era el resultado de una enfermedad o un traumatismo». Los forenses también determinaron, según HRW, que la investigación sobre el deceso de Muyshondt no se ajustó a «estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas».
Ante esto, el equipo experto recomendó a las autoridades salvadoreñas «proporcionar el informe de la autopsia y los registros de la investigación a la familia y, si esta lo solicita, exhumar el cadáver para realizar nuevos estudios».
«La muerte de Muyshondt ocurre en un contexto de violaciones generalizadas de derechos humanos en El Salvador que no han sido investigadas ni judicializadas», apuntó HRW.
El informe fue redactado, según precisó HRW, por Máximo Duque, cirujano y especialista en medicina y antropología forense; y James Lin, coordinador del Grupo Independiente de Expertos Forenses, conformado por 42 «destacados especialistas forenses independientes» y «referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los malos tratos y las ejecuciones ilegales».
En julio de 2024, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, solicitó al Estado salvadoreño información sobre el caso de Muyshondt por las alegaciones de desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación y posibles malos tratos.
ama (efe, hrw)