La iglesia católica de Nicaragua ha denunciado persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega. En la foto, el padre Edwin Román, párroco de una iglesia de Masaya que se encuentra hoy exiliado en Estados Unidos. (Archivo: 14.11.2019)
La Fraternidad Pobres de Jesucristo se suma a más de 3.300 organizaciones sociales clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega, que ha obligado a salir del país a más de un centenar de sacerdotes y monjas.
La iglesia católica de Nicaragua ha denunciado persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega. En la foto, el padre Edwin Román, párroco de una iglesia de Masaya que se encuentra hoy exiliado en Estados Unidos. (Archivo: 14.11.2019)
La salida de las monjas hacia El Salvador y el cierre de la ONG se producen tras largos meses de crisisentre el gobierno sandinista y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos, monseñor Rolando Álvarez, cumple una condena de 26 años y cuatro meses de prisión en la cárcel Modelo de Managua.
Álvarez fue condenado en febrero pasado, tras negarse a ser deportado de Nicaragua junto a 222 «presos políticos” excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos, según lo dijo el propio Ortega.
El mes pasado, el gobierno informó que investigaba a la Iglesia católica por ser parte de una presunta «red de lavado de dinero” en coordinación con opositores políticos, y canceló varias cuentas bancarias de parroquias y diócesis en distintas zonas del país.
Ortega ha acusado a la Iglesia de participar en las protestas sociales de 2018, que el gobierno calificó como «un fallido golpe de Estado”. En marzo pasado ordenó la «suspensión” de relaciones con el Vaticano y un año antes había expulsado del país al nuncio apostólico Valdemar Sommertag, quien ofreció interceder por la libertad de los «presos políticos”.
gs (efe, ap)