Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, la creación de la Ley General de la Minería Metálica.
La normativa consta de 35 artículos y tiene por objeto la regulación de todos los aspectos relativos con las acciones del Estado en cuanto a la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización de actividades de las mineras metálicas.
Anteriormente, se expandió de la minería artesanal a la minería industrial en una mina en San Sebastián en la década de 1970, contaminando las aguas de su rio y todo alrededor con cianuro, por lo que la población y poblados en sus alrededores tienen que comprar agua embotellada.
Estudios realizados por empresas extranjeras determinaron que en solo el 4% del área con potencial de extracción minera se identi?caron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones.
Por otro lado, al implementar esta actividad será protegiendo el medio ambiente, garantizando la extracción mineral de forma sostenible, mediante la aplicación de buenas prácticas, como el uso de tecnologías limpias, certi?caciones, economía circular y compensación ambiental.
Las entidades que regularán la ley
De acuerdo al proyecto de la Ley General de la Minería Metálica, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), a través de la Dirección de Minas (DM), es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa.
Además, en su artículo 2 explica que será la DGEHM la encargada de la regulación de las actividades previas a la explotación minera.
Esto incluye la autorización de los estudios de reconocimiento superficial y otras necesarias para el correcto desarrollo de las actividades exploratorias, así como de la operación de plantas de procesamiento de minerales metálicos y la movilización de materia prima extraída o procesada.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) serán los entes encargados de la vigilancia y cumplimiento de las condiciones medioambientales y de preservación del recurso hídrico derivadas de las actividades mineras metálicas.