Asamblea amplía vigencia de ley que sanciona ilegalidades en venta de derivados del petróleo - Periódico EL Pais

Asamblea amplía vigencia de ley que sanciona ilegalidades en venta de derivados del petróleo

La extensión de la normativa, hasta el 31 de julio de 2024, permitirá que el Gobierno haga verificación de precios y sancione a quienes violen las disposiciones para la distribución y comercialización de gasolina y gas licuado.

Para evitar el cometimiento de abusos por parte de empresas que distribuyen productos derivados del petróleo y cuidar el bolsillo de los salvadoreños, la Asamblea Legislativa aprobó, con 63 votos, una extensión a la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Comercialización de Productos Derivados del Petróleo. Con el aval otorgado por los diputados, la normativa se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de julio.

La ampliación del plazo permitirá a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía (MINEC) inspeccionar los establecimientos donde se comercializan combustibles y gas licuado para tomar muestras y realizar pruebas con el objetivo de verificar pesos, medidas y documentación de los productos.

Además, la normativa obliga a los establecimientos a cumplir con la legislación y los reglamentos técnicos nacionales y regionales respetando las especificaciones de calidad, cantidad y seguridad en precios de los derivados del petróleo.

La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales mencionó que el objetivo es reforzar la vigilancia del Estado y sancionar las practicas abusivas en la distribución y la comercialización de productos que se obtienen del petróleo, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas económicas establecidas a favor de la población.

“Como bancada cian con la prorroga buscamos proteger el bolsillo de las familias salvadoreña, debido a que la coyuntura internacional ha generado problemas en la cadena de suministros lo que ha ocasionado un alza de los precios en los productos derivados al petróleo y por eso nosotros estamos a favor del bolsillo de los salvadoreños”, añadió la parlamentaria.

La ley, que fue avalada por primera vez en marzo de 2022, faculta al Estado para imponer sanciones administrativas a las empresas que no cumplan las disposiciones. Las multas van desde los 500 dólares hasta los $10 mil.