A través del portavoz gubernamental Eugenio Chicas, se dio a conocer la verdadera situación del gobierno salvadoreño – y- es que ya no tiene fondos para honrar sus deudas.
Según dijo Chicas esto se debe a raíz del bloqueo de la derecha en la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema al no aprobar un préstamo de mil doscientos millones de dólares, lo que los llevaría al «impago» de deuda de corto plazo.
«Eso afecta los programas sociales, eso afecta la posibilidad de estructurar programas que beneficien a la población», indicó Chicas. El total de la deuda pública salvadoreña hasta julio pasado era de 17.175,38 millones de dólares. El funcionario sumó a esta situación «los problemas de evasión y elusión fiscal» que privan al Estado de recibir más de 1.500 millones de dólares.
Por otra parte Milena de Escalón, Ana Vilma de Escobar y otros legisladores de oposición, en diferentes entrevistas han mencionado que no es un bloqueo a este y otros préstamos sino una medida cautelosa, ya que no se puede gastar lo que no se tiene, y esto incluye todos esos programas sociales que aunque son necesarios no se tienen los fondos para ejecutarlos.
Otro tema que aun no se toca y que también tiene que ver con las arcas gubernamentales es el préstamo a largo plazo con la empresa ALBA. que al final también se tendrán que honrar, haciendo más difícil la situación fiscal.
Uno de los grandes problemas y no es de ahora, y que incluye a los gobiernos locales, es la deuda política, en donde en cada campaña de elección popular para elegir a sus gobiernos, el ganador otorga plazas sin tomar en cuenta el presupuesto viéndose posteriormente en aprietos para la realización de obras de infraestructura en las ciudades, tal es el caso de la alcaldía de Santa Ana, que tiene aproximadamente más de 500 empleados que aunque merecen un trabajo digno, sus puestos no son necesarios para el buen funcionamiento de la comuna.
Esta situación se suma a la incapacidad que tendrá el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén de pagar las pensiones de los jubilados del sistema abandonado en 1998 y la de los primeros del actual, según advirtió recientemente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. El Gobierno pidió infructuosamente al Congreso aprobar la emisión de 71,5 millones de dólares en bonos para pagar las pensiones en lo que resta del año.
De otra manera caerá el país en default.