Los automotores que no sean reclamados por sus dueños serán vendidos en una subasta pública y el dinero pasará al Estado. La normativa, vigente desde 2004, nunca había sido actualizada.
Con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la modificación de la Ley de Devolución o en Pública Subasta de Vehículos Automotores o Piezas automotrices, Secuestrados o Decomisados, con el fin de reducir los tiempos para que un juez determine qué proceso debe seguirse con los autos que estén en depósito judicial o administrativo, porque fueron parte una investigación o estuvieron involucrados en accidentes.
Los parlamentarios decidieron actualizar la normativa en la sesión plenaria número 105, debido a que esta nunca ha sido modificada desde que entró en vigencia, en 2004.
“Ahora, se respetará el plazo que tendrán las personas para reclamar sus vehículos decomisados. Estamos cumpliéndole al país”, dijo el legislador Christian Guevara, quien aseguró que podrán removerse los vehículos en abandono.
Una vez que entre en vigencia las actualizaciones admitidas se acortarán los tiempos (de 12 meses a 90 días) para que una persona reclame un vehículo o piezas automotrices en depósito, embargados o puestos a disposición de autoridad judicial, tras haberse levantado las restricciones legales para la devolución de dichos bienes. El juez deberá notificar (en un máximo de 30 días) a los legítimos dueños que acudan a retirarlos. Si ese plazo no se cumple, el vehículo será vendido en una subasta pública.
“Muchos de los vehículos están en estado de abandono, pues los propietarios no llegan a retirarlos. Esta ley, vigente desde 2004, no ha cumplido su razón de ser, porque los tiempos son demasiado extensos para ir a reclamar un carro”, comentó el legislador Caleb Navarro.
El producto de la venta de estos bienes se destinará al pago de las costas del procedimiento, los impuestos, derechos, tasas o multas que se adeudaren y los gastos en que se haya incurrido para su conservación o depósito. En caso de existir remanente, ingresará en calidad de Fondos Ajenos en Custodia por tres meses. Transcurrido ese plazo, si nadie se presentó a reclamarlo, pasará al Fondo General de la Nación.
Los fondos que se obtienen con la subasta de los vehículos sirven al Estado para hacer obras de inversión a favor de la población.
“Con estas modificaciones se va a poder liberar espacios públicos en donde se mantienen los vehículos. Las reformas brindan certeza jurídica a las personas que se les han decomisado sus vehículos y quieren saber cómo recuperarlo”, puntualizó la diputada Marcela Pineda.
La legisladora agregó que la acumulación de estos vehículos pueden afectar la salud de las personas que habitan en los alrededores de los predios, porque, algunas veces, sirven como criaderos de zancudo u otros animales.