El Gabinete de Seguridad de El Salvador, encabezado por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, presentó este martes ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia que busca reformar la Constitución de la República. La iniciativa tiene como objetivo principal establecer la prisión perpetua como la pena máxima para los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
La propuesta, enviada bajo instrucciones directas del Presidente Nayib Bukele, pretende modificar el marco jurídico actual para asegurar que los perpetradores de los crímenes más graves no se reintegren a la sociedad. Según las declaraciones del Ministro Villatoro, la reforma busca actualizar el modelo de justicia a la realidad de transformación que vive el país, enviando un mensaje de cero tolerancia ante actos que atenten contra la vida y la integridad familiar.
De aprobarse, la redacción constitucional estipularía que:
«Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas».
Contexto y Datos Relevantes
Para enriquecer esta nota, es importante considerar los siguientes puntos sobre el panorama legal y de seguridad en El Salvador:
Límite de Pena Actual: Hasta la fecha, la pena máxima de prisión en El Salvador está establecida en 60 años (tras reformas al Código Penal realizadas en 2022). La Constitución vigente prohíbe las penas perpetuas bajo el principio de readaptación del delincuente.
Proceso de Reforma: Por tratarse de una reforma constitucional, esta requiere ser aprobada por una legislatura (con mayoría simple) y ratificada por la siguiente legislatura (con mayoría calificada de 56 votos) para entrar en vigor, de acuerdo al Artículo 248 de la Constitución.
Reducción de Homicidios: El Salvador ha reportado una caída drástica en la tasa de homicidios, pasando de ser uno de los países más violentos a registrar tasas inferiores a 2 por cada 100,000 habitantes en 2024 y 2025, bajo el marco del Régimen de Excepción.
Jurisprudencia Comparada: En América Latina, países como Argentina, Chile y Perú contemplan la cadena perpetua para delitos específicos, mientras que otros mantienen topes de años de prisión siguiendo convenios internacionales de derechos humanos.