El expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, cuenta con una orden de libertad tras cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares en fondos públicos durante su gestión presidencial (2004-2009).
A pesar de haber agotado su pena en el Centro Penal de Mariona, el exmandatario enfrenta el compromiso legal de saldar su responsabilidad civil, la cual asciende a $260.7 millones de dólares a favor del Estado salvadoreño.
De la captura en un matrimonio a la sentencia histórica
La captura (30 de octubre de 2016): Elías Antonio Saca fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la madrugada del domingo 30 de octubre de 2016, mientras celebraba la boda de uno de sus hijos en un exclusivo restaurante de Antelao. En esa misma jornada se ejecutaron las órdenes de detención contra sus más cercanos colaboradores.
El proceso judicial: Tras el avance de la investigación en el marco del operativo denominado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el caso «Destape a la Corrupción», Saca y varios de sus exfuncionarios se sometieron a un juicio abreviado tras negociar y confesar la extracción sistemática de fondos desde la cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial hacia cuentas particulares y de sus empresas radiales.
La sentencia (12 de septiembre de 2018): El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dictó una pena de 10 años de prisión contra el expresidente: 5 años por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) y 5 años por lavado de dinero y activos.
La distribución de los $301 millones desviados
Aunque la cifra global saqueada de las arcas del Estado sumó $301 millones de dólares, el Tribunal distribuyó la responsabilidad civil de devolver el dinero entre los principales imputados de la red de corrupción, imponiendo los siguientes montos individuales:
La restitución del dinero al Estado
El cumplimiento de la sanción privativa de libertad no liquida las obligaciones económicas. El Estado ha ejecutado procesos de extinción de dominio sobre inmuebles, empresas radiales, vehículos de lujo y cuentas bancarias vinculadas a la estructura de Antonio Saca para recuperar parte del capital desfalcado. No obstante, la Fiscalía continuará con las diligencias judiciales correspondientes para hacer efectivas las sumas millonarias que aún restan por saldar.
Ninguno de los hijos de Elías Antonio Saca estuvo imputado ni procesado en los casos de corrupción.
Quien sí estuvo directamente involucrada y fue juzgada en los tribunales fue su esposa, la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca.
Para precisar los detalles de la familia en estos procesos judiciales:
- Sus hijos (Gerardo, José Antonio y Christian): No enfrentaron acusaciones penales ni condenas civiles en el caso «Destape a la Corrupción». De hecho, la captura del expresidente en octubre de 2016 ocurrió precisamente durante la recepción de la boda de su hijo Gerardo.
- Ana Ligia de Saca (esposa): Ella fue procesada por el delito de lavado de dinero y activos por un monto superior a los $17 millones. A diferencia de su esposo, no aceptó un juicio abreviado y fue condenada en junio de 2021 a 10 años de prisión y al pago de responsabilidad civil.
La Salida
Lo que está oficialmente confirmado hasta el momento es la emisión de la orden de libertad (o carta de libertad) por cumplimiento de la pena de 10 años.
Para ser precisos sobre el estado actual de la situación:
La Orden Judicial (Confirmada): Los tribunales de vigilancia penitenciaria y fuentes judiciales/fiscales emitieron la resolución y orden de libertad vigente desde el 27 de octubre de 2026 tras darse por cumplida la condena penal de 10 años que inició con su captura en octubre de 2016.
Su Salida Física del Penal (Pendiente de Verificación): Ni la Dirección General de Centros Penales (DGCP) ni su equipo legal han emitido aún un comunicado o confirmación oficial indicando que ya cruzó físicamente los portones del Centro Penal de Mariona.