Informe del Congreso sobre
personas extranjeras que deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan procesos democráticos o instituciones, corrupción significativa y obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras
Sección 353 (b) del Departamento de Estado, Relaciones Exteriores Ley de Asignaciones de Operaciones y Programas Relacionados, 2021 (Div. FF, PL 116-260)
De conformidad con la Sección 353 (b) de los Estados Unidos – Ley de Participación Mejorada del Triángulo del Norte (Div. FF, PL 116-260), este informe es siendo presentado al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité Judicial de la Cámara y el Comité Judicial del Senado
De acuerdo con los requisitos de la Sección 353 (b), este informe identifica a las siguientes personas en El Salvador, Guatemala y Honduras: (1) personas extranjeras que se determina que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas; (2) personas extranjeras que se determine que han participado a sabiendas en una comisión significativa; y (3) personas extranjeras que se determine que se han involucrado a sabiendas en la obstrucción de las investigaciones de tales actos de comisión, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
De acuerdo con los requisitos de la Sección 353, las personas extranjeras enumeradas en este informe generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.
A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará la visa de inmediato y se cancelará cualquier otra visa o documentación de entrada válida, en ausencia de una excepción
o exención de intereses de seguridad nacional.1 De conformidad con la Sección 353 (g), este informe se publicará en el Registro Federal.
El informe incluye a personas de las que el Departamento tiene conocimiento de información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes. El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala y Honduras. El Departamento también continúa revisando activamente información creíble adicional y acusaciones sobre corrupción y utilizando todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue el refugio seguro en los Estados Unidos.
El Salvador
Walter René Araujo Morales, ex miembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al convocar la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar reiteradamente a los candidatos políticos.
Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura, se involucró en una comisión significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos para su beneficio personal.
Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual Asesor Legal del Presidente, socavó los procesos o instituciones democráticos al ayudar en la destitución inapropiada de cinco Magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General.
Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó procesos o instituciones democráticas en un intento por dañar a sus oponentes políticos.
Osiris Luna Meza, Viceministro de Seguridad y Director de Prisiones, se ha involucrado en una importante comisión relacionada con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato.
El Departamento observa que parece haber un error de redacción en la sección 353 (d) (2), la excepción para cumplir con las obligaciones internacionales. El Departamento tiene la intención de aplicar la excepción con respecto a los subpárrafos (A) y (B) de la sección 353 (d) (1), no a los «subpárrafos (B) y (C)», incluso porque el subpárrafo (C) no existe en la legislación promulgada.
José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, incurrió en corrupción significativa durante su mandato a través del soborno. También participó en un plan de blanqueo de capitales.
Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, incurrió en una corrupción significativa al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
José Aquiles Enrique Rais López participó en una importante comisión y socavó los procesos o las instituciones democráticas al sobornar a los funcionarios públicos.
Martha Carolina Recinos de Bernal, actual Jefa de Gabinete, participó en una comisión significativa al hacer un mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un importante plan de blanqueo de capitales.
Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.
Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN de El Salvador, incurrió en una importante corrupción durante su mandato a través de fraude y malversación de fondos públicos.
Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad y Justicia, incurrió en una importante comisión al malversar fondos públicos para beneficio personal.
Adolfo Salume Artinano, se involucró en una comisión significativa y socavó los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
Luis Guillermo Wellman Carpio, actual Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al provocar retrasos graves e innecesarios en los preparativos electorales y la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitiendo la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas.
Guatemala
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala, participó en una comisión significativa al facilitar pagos a representantes del Congreso y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala con el fin de influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados para la CSJ y la Corte. de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y la desestimación de los cargos de comisión. Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, se ha comprometido en una importante comisión. Mientras actuaba en su capacidad oficial, el Sr. Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses. Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Delia Bac Alvarado, ex representante del Congreso, participó en una corrupción significativa a través de su mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj, socavó procesos o instituciones democráticas al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos.
Álvaro Colom Caballeros, ex presidente, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la ciudad de Guatemala conocido como Transurbano.
Manuel Duarte Barrera, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Boris Roberto España Cáceres, actual representante del Congreso en el Congreso de Guatemala, se involucró en una comisión significativa cuando participó en el tráfico de influencias y el soborno.
Mario Amilcar Estrada Orellana, exrepresentante del Congreso, se involucró en una comisión significativa y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas.
Rau1 Amilcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo, intentó retrasar u obstruir procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. .
Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, intentó retrasar u obstaculizar procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial. Oficina Contra la Impunidad (FECI).
Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y ex miembro de una comisión del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, socavó los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de la alta corte.
Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operativo político y empresario, socavó procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país, socavó procesos o instituciones y se involucró en una comisión significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión legal favorable.
Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, incurrió en corrupción significativa cuando participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, y en el lavado del producto de la corrupción para beneficio personal. Está designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, se involucró en una comisión significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida la participación en una estructura criminal que presionaba, recolectaba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
Blanca Aida Stalling Dávila, ex jueza de la Corte Suprema, incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por su participación en una descomposición significativa.
El élder de Jesùs Sùchite Vargas,actos de exministro de Cultura, participó encorrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
Jorge Estuardo Vargas Morales, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias.
Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
Honduras
Gustavo Alberto Pérez, actual representante del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Marco Antonio Bogran Corrales, exdirector de INVEST-H, se involucró en una corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19 .
Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, se involucró en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos.
Augusto Domingo Cruz Asensio, excongresista, participó en una importante comisión al malversar fondos delpúblico Generación programa de empleoa cuentas personales.
José Celin Discua Elvir, actual representante del Congreso, se involucró en una comisión significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Rodolfo Irias Navas, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Eleazar Alexander Juarez Sarabia, ex miembro del Congreso, participó en una comisión significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento de origen del Valle a sus cuentas personales.
José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, ex presidente de Honduras, se involucró en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.
Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, participó en una importante comisión. Fue acusado en el
caso de comisión investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual representante en el Congreso participó en una importante comisión. Fue acusado en el caso de corrupción de Pandora MACCIH en junio de 2018 por malversación de $ 12,5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal.
Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su rol de Secretaria del Congreso.
Oscar Nájera, actual representante del Congreso, participó en una importante corrupción relacionada con la organización narcotraficante Cachiros. Fue designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
Héctor Enrique Padilla Hernández, ex miembro del Congreso, participó en una comisión significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca a sus cuentas personales.
Milton Jesus Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, participó en una importante comisión. Fue acusado en el caso de comisión investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Audelia Rodríguez Rodrigo, actual miembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales.
Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual miembro del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Santa Bárbara a sus cuentas personales.
Elvin Ernesto Santo Ordóñez, actual representante en el Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
Juan Carlos Valenzuela Molina, actual diputado al Congreso. Fue acusado en el caso de comisión investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar
$ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Elden Vásquez, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de $ 12.5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso de comisión investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.
Welsy Milena Vasquez López, actual representante del Congreso, participó en una comisión significativa que incluyó la malversación y la malversación de fondos públicos para beneficio personal. Fue procesado en el caso de corrupción de Arca Abierta MACCIH, investigado por malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
Roman Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones por corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redireccionar dinero a una ONG falsa.