Salatiel Bautista es uno de los pescadores que, al ser obligado a dejar su propiedad para la construcción de un aeropuerto, en el este de El Salvador, vive la incertidumbre de no saber qué pasará con su vida, pues desconoce a dónde podrá ir a vivir y en qué trabajará. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
CONCHAGUA, El Salvador – Parte de América Central, una de las regiones del mundo más mortales para las personas defensoras del medioambiente, se resiste a asumir los alcances del Acuerdo de Escazú, que brinda mayor protección a quienes luchan por la defensa de sus ecosistemas y medios de vida.
El informe recoge el asesinato de 1773 activistas que defienden la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Brasil, que tampoco ha suscrito el Acuerdo de Escazú, suma 342 muertes.
La minería y otros proyectos extractivos lideran las actividades con más muertos, según el reporte.
Los esposos Erme Martínez y Tránsito Lazo son parte de las familias de campesinos y pescadores que han sido forzadas a firmar un documento con el que avalan ceder sus propiedades para la construcción de un aeropuerto, en una zona de cultivos agrícolas y manglares del oriental departamento de La Unión, en la costa de El Salvador en el océano Pacífico. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
Zona letal
“Este ha sido el año que más asesinatos de ambientalistas va dejando”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, Honduras, Kelly Sorto, activista de la Red Hondureña por Escazú.
Según reportes de los medios hondureños, al menos 11 activistas ambientales habían sido acribillados solo en enero de 2023 en Honduras, entre ellos Jairo Bonilla y Aly Domínguez, ejecutados el 7 de ese mes en La Concepción, una aldea localizada en la costa atlántica del país.
Ambos luchaban por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como por preservar una reserva natural, amenazados por la compañía minera Inversiones Los Pinares, una extractora de óxido de hierro del local Grupo Emco Holding.
“Yo lo que estoy luchando por cuidar es el agua, los nacimientos de agua, los árboles que nos dan la vida, defendiendo a nuestra madre naturaleza”: Erme Martínez
El asesinato de la activista Berta Cáceres, en marzo del 2016, puso a Honduras en la mira internacional al quedar en evidencia el riesgo real que viven quienes se enfrentan a poderosos intereses empresariales.
Y aun así Honduras, ni El Salvador, han suscrito aún el acuerdo, mientras que Guatemala y Costa Rica sí lo han hecho, pero no lo han ratificado, con lo cual no es ley ni es vinculante en esas naciones.
El Acuerdo de Escazú, como se le llama por la localidad costarricense donde fue aprobado, fue firmado por 25 de los 33 países latinoamericanos y caribeños y ratificado hasta ahora solo por 15. De los siete países centroamericanos, lo han suscrito cinco y ratificado tres.
Es un instrumento que, en esencia, busca dar voz y participación a las comunidades en la toma de decisiones en materia ambiental, sobre todo si hay proyectos empresariales o estatales amenazándolos.
También obliga a los Estados a proveerles de la información pertinente en esa materia, y establece mecanismos de protección a quienes defienden sus ecosistemas.
En América Central es común que las comunidades no sean tomadas en cuenta ni son informadas de la llegada de megaproyectos empresariales o estatales que van a impactar su entorno natural y sus medios de vida.
O en todo caso las consultas ciudadanas y estudios de impacto ambiental suelen ser manipulados, según ha podido recoger IPS en su investigación de diferentes casos en los países del área.
Maqueta digital en la página la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma del proyecto del Aeropuerto del Pacífico, una iniciativa emprendida por el gobierno salvadoreño que mantiene en zozobra a los pobladores de la zona y en la incertidumbre al futuro de su frágil ecosistema. Imagen: Cepa
Conflictos ambientales a flor de piel
Un conflicto reciente se ha generado en El Salvador, el más pequeño de las naciones centroamericanas, de 6,7 millones de habitantes.
El gobierno del presidente Nayib Bukele va a construir un aeropuerto en la zona costera del departamento de La Unión, de cara al océano Pacífico, en el este del país, en un área de manglares y de mucha vida silvestre.
La principal terminal aérea del país es el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, a 60 kilómetros al sureste de San Salvador, pero el mandatario impulsa la construcción de uno nuevo en la costa, a unos 175 kilómetros de la capital.
“Yo lo que estoy luchando por cuidar es el agua, los nacimientos de agua, los árboles que nos dan la vida, defendiendo a nuestra madre naturaleza”, dijo a IPS el campesino Erme Martínez, poblador de la aldea Flor de Mangle, del municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión, en el este de El Salvador.
También defiende y lucha por conservar sus tierras y su forma de vida. Esa aldea está dentro del área que resultará afectada por el megaproyecto.
Unas 200 familias resultarán desplazadas no solo en Flor de Manglar y Loma Larga, sino también en Condadillo, Nuevo Amanecer y Bendición de Dios.
Martínez, de 65 años, y su esposa Tránsito Lazo, de 58, son parte de las decenas de familias de campesinos y pescadores que han sido presionados y engañados, según contaron a IPS, para ceder sus propiedades al Estado, a un costo menor del real, y así dar paso a la construcción del aeropuerto.
“Con engaños vinieron y dijeron que andaban haciendo un censo de propiedades, sin mencionar nada de aeropuerto”, dijo Martínez a IPS.
A principios de año, trabajadores del gobierno comenzaron a derribar árboles en un área que colinda con el manglar, por donde fluyen un río y varios riachuelos.
“Están destruyendo el lugar donde nos ganamos el sustento”, aseveró a IPS el pescador Salatiel Bautista, de 63 años, también oriundo de Flor del Manglar.
Él y sus hijos se ganan la vida yendo a pescar al río y a capturar moluscos y cangrejos al manglar.
Varios entrevistados en el área aseguraron que al principio el gobierno les ofreció pagarles sus casas y parcelas a buen precio, pues el monto incluiría la inversión hecha por las familias en los sembradíos de mangos y otros frutales.
Además, les aseguraron que al dejar sus propiedades les otorgarían casas y parcelas en otro lugar, para que puedan irse a vivir tranquilos.
“Dijeron que ese pago sería en marzo y abril, y hasta la fecha no hay nada de nada”, subrayó Bautista.
Bautista y los esposos Martínez afirmaron que ellos y las más de 70 familias de Flor del Manglar se vieron obligados a firmar un documento para ceder sus terrenos, pues las autoridades que llegaron a la zona los amenazaron con demandarlos penalmente por oponerse a proyectos estratégicos del país, si no lo hacían.
“Hemos firmado, pero en contra de nuestro consentimiento”, subrayó Bautista.
Sobre ellos pesa la incertidumbre no de saber a dónde irán a vivir, y en qué condiciones.
El río Las Chepas, que serpentea por la orilla del manglar y va a dar al océano Pacífico, está localizado en la zona donde el gobierno salvadoreño pretende construir un aeropuerto, con un impacto negativo en el ecosistema y en los medios de vida de los pobladores del área. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
El modus operandi de siempre
“Debe haber consentimiento de la comunidad, y lo que vemos aquí, en Flor de Mangle, es que las familias han aceptado bajo presión, no ha sido libre”, afirmó a IPS César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú de El Salvador.
Y agregó: “Si Escazú estuviera vigente, esos vacíos se hubieran logrado subsanar”.
El acuerdo brinda garantías a las personas en tres áreas claves en materia ambiental: el acceso a la información, la participación ciudadana en las decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Artiga añadió que de fondo está el hecho de que los gobiernos conciben el concepto de desarrollo como la construcción de megaproyectos que, en la práctica, impactan negativamente los ecosistemas y la forma de vida de las comunidades.
La negativa de suscribir o ratificar el Acuerdo de Escazú tienen que ver con la permisividad de los gobiernos para dejar el camino libre a consorcios empresariales, sin normas que los aten demasiado a cumplir las regulaciones ambientales, dijeron los entrevistados.
“Esa frontera entre empresas y gobierno es difusa, está distorsionada, no es clara”, señaló a IPS, desde Ciudad de Guatemala, Rafael Herrarte, miembro de la Alianza Escazú Guatemala.
Ese país suscribió el acuerdo en 2018 pero no lo ha ratificado, debido al retroceso democrático vivido tras el desmantelamiento del esfuerzo contra la impunidad y la corrupción lanzada en el país, encabezado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, disuelta en septiembre de 2019.
Herrarte dijo que el empresariado local se sintió con el derecho de enviar al ministerio de Relaciones Exteriores, que asume el rol principal en todo lo relacionado a adherirse acuerdos internacionales, un escrito en el que planteaba que no convenía al país ser parte del convenio.
Los empresarios están aglutinados en el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
“¿Por qué el empresariado dijo que no? ¿Cuál es el fondo para negar la transparencia en la información sobre temas ambientales? ¿Por qué se va a negar la participación de las personas en aspectos que les afectan de manera directa?”, se preguntó Herrarte.
Y se respondió: “Hay por parte del sector empresarial mucha incomodidad con temas de principios básicos que están contenidos en el Acuerdo de Escazú”.
Por su parte, la activista hondureña, Kelly Sorto, afirmó que en su país sigue habiendo criminalizaciones contra ambientalistas y las estructuras que arremeten contra ellos no han sido debilitadas ni han sido desmontadas.
“Son todas estas estructuras de poder, donde hay empresas nacionales y transnacionales vinculadas”, aseguró.
Mientras tanto, los esposos Martínez, Salatiel Bautista y las familias de Flor de Mangle afirmaron que solo dejaran sus propiedades si el gobierno les paga un precio razonable por sus casas y parcelas, que incluya las inversiones y los años de trabajo ahí.
“De lo contrario, nos sacarán solo con la fuerza de la policía”, acotó Martínez.
