Constitucionales de la Asamblea Legislativa, de fecha 14 de febrero de 2011, manifestamos:
1. Que la Ley de Acceso a la Información Pública continúa siendo una deuda pendiente con la ciudadanía, que anhela ejercer a plenitud su derecho a ser informado.
2. El Grupo Promotor, haciendo una auditoría social legítima a favor del bien común, continúa velando porque todos los ciudadanos cuenten con una ley que cumpla estándares internacionales y que permita a los salvadoreños tener instituciones que rindan cuentas y que estén abiertas a la sociedad.
3. La Asamblea Legislativa tiene los insumos suficientes para aprobar una buena ley. Pese a ello, se ha decidido continuar estudiando las observaciones del Presidente de la República, por un tiempo indeterminado. Para el Grupo Promotor, si bien es factible extender los plazos para la implementación de la ley dentro de rangos razonables, es importante recalcar que la discusión radica en la verdadera y eficiente implementación de la ley, no obviando ninguna de las características que permitan solicitar, conocer y acceder a la información en poder del Estado.
4. Los plazos de implementación de la ley, no pueden ser un elemento dilatorio para su entrada en vigor.
5. Exhortamos a los Diputados de todas las fracciones legislativas a cumplir su compromiso público con la transparencia, asumir el reto que plantea la construcción de una
Administración Pública abierta a la ciudadanía, deponiendo posiciones partidarias y privilegiando una visión de país.
Antiguo Cuscatlán, 24 de febrero de 2011