San Salvador, 12 de febrero de 2015. El día de ayer el Tribunal Ambiental ordenó a la alcaldesa de Mejicanos, Juana Lemus de Pacas y a su Concejo Municipal el retiro de los promontorios de basura en un plazo de 24 horas –a partir de la notificación- y a MIDES a que recibiera de forma inmediata los desechos. De no acatar la orden este último: “el Juzgado la hará efectiva mediante el uso de la fuerza pública”, según la resolución.
La resolución fue notificada al MARN ayer miércoles 11 de febrero a las 11:30 a.m. luego que el pasado martes, los titulares del MARN solicitaran la intervención del Tribunal ante la crisis de la basura que había afectado a los ciudadanos durante nueve días.
En la resolución, el Juez reconoce que si bien existe una deuda entre la municipalidad y MIDES en la que se compromete el derecho a la propiedad, libertad de contratación y a la libertad económica de MIDES, pero también reconoce que se ven comprometidos los derechos colectivos que deben ser protegidos entre ellos el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a la calidad de vida de las personas.
“No puede haber un cierre de una empresa si esto afecta un interés colectivo” resumió la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, quien se mostró satisfecha por la prontitud con la que resolvió el Tribunal.
“Nos congratulamos con la decisión del Juez, Samuel Lizama, ya que esto comprueba la necesidad de poner en funcionamiento los Tribunales Ambientales como una contribución extraordinaria para resolver los problemas ambientales en nuestro país”, dijo la ministra.
La conformación de estos Tribunales, según la titular, constituye un avance en el tema de jurisdicción en tema ambiental. “Nos parece que esta resolución reconoce el derecho a un medio ambiente”, añadió.
Las medidas cautelares que hicieron de forma inmediata y sin mayor trámite. El Juez resolvió dos horas después de haber recibido la solicitud ministerial basándose en la amenaza y en un eminente peligro para el colectivo.
Estos tribunales ambientales pertenecen a la Corte Suprema de Justicia del Órgano Judicial, el cual tiene la potestad de utilizar la fuerza pública si así se requiere.