San Salvador, 23 de abril de 2013.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador presentó hoy una carta a la Corte
Suprema de Justicia de para exigir que se declare inconstitucional el, Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
En la correspondencia dirigida a los magistrados de la Sala de lo
Constitucional, la Mesa específicamente llama a que se resuelvan
los tres recursos de inconstitucionalidad del CAFTA que fueron
aceptados en el año 2007. Se refieren a las demandas con número
de admisión 27-2007, 28-2007, 29-2007.
Las y los representantes de la Mesa, señalan como inaceptable el
hecho de que, hayan “transcurrido seis años sin que la Sala haya
resuelto al respecto de ninguna de estas demandas”.
Enfatizaron que en el contexto político y social que atraviesa el país
por la ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
(AdA), la declaratoria de inconstitucionalidad del CAFTA permitiría
ampliar el debate en torno a la conveniencia de los Tratados de
“De aprobarse el AdA, se estarían lesionando los mismos derechos
constitucionales alegados en la demanda admitida contra el CAFTA”,
explica la correspondencia. En 2007, la Sala de lo Constitucional
estableció que existían al menos 14 argumentaciones que validaban
la demanda de inconstitucionalidad del CAFTA y que tanto el
Ejecutivo como el Legislativo debían dar cuenta de la decisión de
haber firmado y ratificado dicho acuerdo.
Para la Mesa, los mecanismos de resolución de conflictos de inversiones, así como las ventajas
dadas a empresas transnacionales por sobre las empresas nacionales, entre otros aspectos,
representan afectaciones a los derechos económicos, sociales y políticos de amplios sectores
Imágenes de
Conferencia de prensa
e Ingreso a la CSJ.
Un ejemplo de las ventajas otorgadas a corporaciones por sobre los gobiernos es lo ocurrido
con las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group. Estas coporaciones mineras han
iniciado procesos de arbitraje contra el Estado salvadoreño por más de 400 millones de dólares
Además del referido llamamiento a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la semana
pasada, la Mesa presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en donde
llamaba a las y los diputados a NO RATIFICAR el AdA con la Unión Europea.