Dos tribunales de Santa Ana emitieron fallos condenatorios en contra de integrantes de la “Mara Salvatrucha” a quienes se les comprobó en juicio las extorsiones que cometían en contra de pequeños empresarios de ese departamento. La Unidad Especializada Antiextorsiones de la Fiscalía General de la República (FGR), confirma que una de las sentenciadas es menor de edad.
Describe el reporte que el primero de los juicios fue desarrollado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, en contra de Francisco Alberto Salazar Henríquez, a quien se le imputó el delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de la víctima protegida con la clave “3111”.
La fiscal demostró durante la vista pública, que Salazar Henríquez, se venía dedicando a amenazar y a exigir diferentes cantidades de dinero a un comerciante de la ciudad santaneca. “Anteriormente, el imputado llegaba al negocio de la persona ofendida a recoger $50 mensuales; pero el 8 de agosto de 2016, llegó a decir que para ese día quería $1,000, fue así que la víctima decidió denunciarlo”, explicó la fiscal.
La inmediata coordinación de la FGR y la PNC permitieron desarrollar ese mismo día, un dispositivo que permitió la captura de este imputado y de otros que venía actuando en los hechos.
El juez le impuso de condena un total de 15 años y tres meses de prisión.
El segundo proceso fue instalado en contra de una menor de 17 años, identificada como Dayanara S., quien compareció en la vista de la causa, a cargo del Tribunal Primero de Menores de Santa Ana, atribuyéndole responsabilidad en el ilícito de Extorsión. Ella, también forma parte de la “MS 13”.
“La Juez señaló que la prueba testimonial, documental y pericial con la que se contó fue contundente y dio total credibilidad a lo dicho por tres testigos y la víctima, lo cual fue concordante con lo que se observó en el álbum fotográfico”, detalló la fiscal asignada a la causa.
Y es que al final de la audiencia, el juzgador determinó la participación de la menor y de otros cuatro implicados, quienes están a la espera de la correspondiente audiencia preliminar en otro juzgado de esa jurisdicción.
Los hechos sucedieron en junio de 2017 cuando a su víctima, establecida en Candelaria de la Frontera, le exigían mensualmente la cantidad de $40.
Ahora, la joven en conflicto con la ley deberá cumplir la medida de 5 años de internamiento