Ahuachapán. Cuatro años de cárcel deberán cumplir Santiago Osmin Cortez García de 19 años de edad, miembro activo de la mara Salvatrucha,, después de que fuera declarado responsable penalmente del delito de Fabricación, Portación Tenencia Ilegal de Armas de Fuego o Explosivos Caseros, en perjuicio de la Paz Pública, hechos ocurridos el 25 de octubre de 2016, sobre la calle principal del caserío El Centro del Cantón El Cortez, del municipio de San Pedro Puxtla, del departamento de Ahuachapán.
El Jefe de la oficina Fiscal de Ahuachapán, informó el imputado Cortez García, fue detenido en flagrancia el 25 de octubre de 2016, por agentes policiales destacados en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil del Cantón Cara Sucia, dela jurisdicción de San Francisco Menéndez, de Ahuachapán, cuando los agentes obtuvieron información que en la dirección antes mencionada en San Pedro Puxtla, se desplazaba un grupo de pandilleros portando armas de fuego, por lo que se dirigen a hacia dicho lugar.
Al realizar patrullaje sobre dicha calle observaron que se desplazaba un grupo de sujetos, entre ellos el ahora imputado Santiago Osmin Cortez García, observaron que el ahora imputado portaba en su mano un arma de fuego tipo escopeta hechiza (trabuco), la cual trato de manipular cuando les mandaron los comandos verbales, tratando de darse a la fuga, por lo que procedieron a intervenirlos.
Los sujetos pusieron resistencia por lo que fue necesario hacer uso de la fuerza para neutralizarlos y uno de los agentes le quito el arma artesanal a Cortez García, la cual al revisarla en el interior de uno de los tubos un cartucho calibre 12, listo para ser percutido, además siete cartuchos más del mismo calibre, ya neutralizado procedieron a detener al imputado, por el delito de Fabricación, Portación, Tenencia o Comercio Ilegal de Armas de Fuego o Explosivos Caseros o Artesanales.
La vista pública se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, donde el fiscal del caso, presentó de manera contundente la pruebas que involucran al imputado en el Ilícito, principalmente al contar con el testimonio de los agentes captores y la experticía balística que establece que el arma de fuego se encuentra en buen estado de funcionamiento, por lo que el Tribunal declaró responsable penalmente, condenándole a cuatro años de prisión.