Por Mario Duarte.
Nuestra Constitución establece en su artículo 1 que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana y por lo tanto es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
Indicada esa norma tan esencial, elemental, vital e imperiosa, sin ninguna duda ni temor a equivocarnos, podemos aseverar que el Estado les ha fallado descaradamente a los habitantes de la República de El Salvador con la ausencia de una ley que norme y establezca mecanismos para la reapertura económica en medio de una pandemia, que si bien ha menguado en cierta forma, aún existe un grave peligro para la salud de todos los que vivimos en este pequeño país. Y aseguro que el Estado ha fallado, porque el mismo se integra por tres Órganos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Legislativo por entablar una guerra eminentemente de poder en contra del Ejecutivo desde hace varios meses. El Ejecutivo por su soberbia, imposición arbitraria y actuaciones desastrosas para la nación. Y el Judicial por sus tardías y contradictorias resoluciones.
En consecuencia de la falta del funcionamiento armonioso entre los tres Órganos del Estado, se inicia una recuperación y vuelta a la normalidad en medio de una anormalidad que por desgracia es todavía una realidad nefasta para nuestros habitantes. Sólo queda esperar que se cumplan minuciosamente con todas las trilladas medidas de salubridad y distanciamiento que definitivamente no han sido seguidas al pie de la letrada como se esperaba.
La incomprensible e injustificada actuación del Estado durante esta pandemia ha sido quizás peor que la misma catástrofe viral. Es tiempo ya, pque recuerden todos los funcionarios públicos que su misión es servir a todos los habitantes de la República en la medida que lo manda y limita la Constitución. En la época más difícil que atraviesa nuestro pequeño país, desde la agresión terrorista de los años ochentas del siglo pasado, y cuando más se ha necesitado del funcionamiento idóneo de nuestro aparato público, es precisamente cuando más se ha fallado a la nación por falta de racionalidad, transparencia y vocación de servicio que han impedido llegar a los acuerdos y medidas tan indispensables reflejados en una ley, fruto del consenso y la inteligencia de todos los implicados.