Las empresas ALBA, realizan una capitalización de utilidades e intereses, gracias a su estructura financiera y aprovechan la naturaleza pública de este asocio en El Salvador, para cancelar su deuda, con fondos públicos provenientes de impuestos. Es esta la razón de la existencia de un doble presupuesto en El Salvador: el real, que maneja el Ministerio de Hacienda y el ficticio, aprobado por la Asamblea Legislativa, dándose así, una suerte de lavado de activos, que beneficia los intereses de Maduro, y que los salvadoreños pagamos con nuestros impuestos, y para nuestras necesidades fiscales, tenemos que pedir prestado, interna o externamente.
ENEPASA es la sociedad creada por 25 Alcaldías del FMLN con una subsidiaria de PDVSA, siendo en su forma, una sociedad de economía mixta, pero en el fondo es una empresa pública venezolana, y pública es la deuda que tienen las Alcaldías y, cuyos pagos se complementan con fondos de la hacienda pública. Esta es una de las razones por las que tenemos presupuestos encubiertos: PDVSA gana por los intereses acumulados de la deuda de petróleo, gana por las inversiones de las Alcaldía y, gana por los intereses acumulados por el dinero prestado, a cada una de las empresas Alba en El Salvador. Estableciéndose una capitalización de intereses y de utilidades, y luego de servir como fuente de campaña política y corrupción, acumulando pérdidas, éstas tienen que ser pagadas por el Ministerio de Hacienda.
La relación de 60% a 40% a favor de los intereses venezolanos, presenta una relación desfavorable en el control de las operaciones y las utilidades de las mismas para los salvadoreños. En el presente, El Salvador debe $1,113 millones, a PDVSA, ¿pero cuánto le hemos pagado ya? Esta relación no es única de El Salvador; es el esquema mantenido en todo el Caribe, es el esquema de corrupción político estatal que, en definitiva, está alimentando económica y políticamente a Maduro.
Por la estructura y fines de las acciones de de PDVSA en El Salvador, se está dando un blanqueo de activos que beneficia a Maduro tanto como a la dirigencia del FMLN, pues no ha habido un robo directo a las arcas del Estado, sino a las empresas ALBA que ellos han administrado pero cuyas pérdidas son trasladadas al Estado. Esto debe de ser investigado por la Fiscalía General de la República.
Los impuestos generados por los salvadoreños, deben de ser para los salvadoreños, para cubrir las obligaciones legítimas del país y no, para cubrir las operaciones de explotación ilegitima que realizan extranjeros en El Salvador y que en muchos casos, no sólo han sido estas cuentas pagadas en dinero, sino, en especie, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los salvadoreños, pues en muchos casos pagamos en alimentos.
Debe ser investigado el doble presupuesto, así como los pagos ilegítimos que se hacen mediante esa estructura financiera El Salvador- Venezuela, pues dicha relación, es en el fondo, de Derecho Público y no, privado, generando deuda que no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, pero que sí, es reconocida y pagada por el Ejecutivo, creándose un fraude.
En estos momentos en que la ilegitimidad del Gobierno de Maduro, es reconocida, debemos tener claro que no es sólo el apoyo diplomático que le damos a dicho Gobierno, sino dinero y bienes que son generados por el pueblo salvadoreño y que, en nuestro estado precario, muchos de esos recursos se van para el sostenimiento de un tirano y, El Salvador, necesita endeudarse para solventar sus necesidades.
Por: Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
