El Fiscal General, Douglas Meléndez señaló desde Washington, el viernes pasado que de esta manera “se pone fin al litigio de Oceana Gold contra el Estado salvadoreño. Se gana en momentos con dificultades fiscales, pero el tribunal desestimó todas las pruebas de la minera y tendrá que pagar 8 millones al Estado”.
Meléndez anunció que “el pueblo con el Estado han trabajado en la defensa de los intereses nacionales y la victoria del Estado salvadoreño sobre Oceana Gold no es solo de una persona jurídica, sino también de toda la población salvadoreña”.
Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Ocean Gold, inició operaciones en El Salvador a principios del 2000, con la autorización del Ministerio de Economía,cuyo titular era Miguel Lacayo, quien le autorizó explorar en la zona de El Dorado, en San Isidro, Cabañas, y en otras regiones del país con potencial de metales preciosos.
La empresa minera reclamaba una indemnización de $250 millones. El fallo “unánime” del CIADI, órgano del Banco Mundial, puso fin de esta manera a un proceso judicial de siete años y medio.
Una vez conocida la resolución, Saúl Baños de la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica (MNFMM) confirmó que “la demanda que inició la minera Pacific Rim el 15 de junio de 2009 contra El Salvador ha sido favorable para el Estado salvadoreño, las familias y comunidades que son afectadas por la minería metálica”.
Señaló que incluso el miembro del tribunal que representó a la empresa minera dio la razón al Estado y el laudo reafirmó todos los argumentos que la MNFMM, así como el Ministerio de Medio Ambiente expusieron para dar a conocer las consecuencias nocivas de la explotación minera en el país.
“Este veredicto abre un nuevo escenario para que las autoridades del Ejecutivo y Legislativo creen la normativa jurídica para prohibir definitivamente la minería metálica y evitar así futuras demandas por las mismas razones que lo hizo Pacific Rim”, recomendó Baños.
En la lógica de proteger los bienes naturales, tal y como ya lo recomendó un estudio técnico del MARN sobre los peligros contra el medio ambiente, el agua y otros recursos en el país, la MNFMM pidió al Ejecutivo aprobar un decreto de prohibición mientras se logra una correlación adecuada en la Asamblea Legislativa para poder tener una ley que prohíba la minería metálica.
La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, dijo que: «nosotros como país queremos atraer las inversiones pero lo más importante es que los inversionistas sean respetuosos de la institucionalidad de los países a donde llegan. Eso es un tema fundamental».
Pohl añadió que el MARN realizó una Evaluación Ambiental Estratégica de la minería metálica, que determinó que las condiciones actuales del país no eran las adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que se comprometían los recursos naturales, en específico el agua.
Otros aspectos que surgieron en la Evaluación Estratégica eran que los yacimientos mineros atraerían empresas pequeñas que no manejan estándares de alto nivel; la debilidad de la institucionalidad en torno a la supervisión y regulación de la minería metálica y el nivel de conflictividad en los territorios.
El Fiscal reflexionó que aunque el resultado es positivo para El Salvador, «este caso nos deja un mensaje y nos recuerda que los estados, y en este caso el Estado de El Salvador, están expuestos a este tipo de demandas multimillonarias. Por lo tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país en defensa del medio ambiente». En ese sentido, Los representantes de la MNFMM, también recomendaron al Ejecutivo renunciar al CIADI por poner en riesgo los intereses del Estado a través de demandas internacionales.
Reconocieron la labor de los dos últimos gobiernos por mantenerse firme en la decisión soberana de no permitir la minería metálica en sus administraciones de gobierno y “no se dejaron doblar el brazo ante el chantaje de la empresa minera”.
Los movimientos sociales pidieron a la empresa abandonar el país, así como el cierre de las otras personerías jurídicas que han creado alrededor de ellas como la Fundación El Dorado y Minerales Torogoz. Hicieron el llamado directamente a Erika Colindres, Gerente de Oceana Gold en el país que se retire de las comunidades de San Isidro y del departamento de Cabañas y “deje de confundir a las comunidades buscando romper el tejido social” de las mismas.
Las organizaciones sociales lamentaron que el tribunal solo condenó a pagar únicamente $8 millones a la empresa cuando El Salvador ha gastado más de $13 millones en gastos procesales.
http://http://www.fiscalia.gob.sv/salvador-gano-demanda-millonaria-transnacional-pacific-rim/
aria-transnacional-pacific-rim/
En conferencia de Prensa el Fiscal General de la República Duglas Melendez
informó a la población sobre la buena nueva en favor de El Salvador y al contrario,
Pacific Rim, deberá cancelas 80 mill0nes en concepto de costes notariales y abogados.