Este viernes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos demandas de inconstutucionalidad en contra del Presupuesto General de la Nación 201 interpuestas por Enrique Anaya y Daniel Olmedo.
La Sala de lo Constitucional dio a conocer en su comunicado oficial, que en la primera demanda, el ciudadano Daniel Eduardo Olmedo Sánchez manifiesta que la deuda flotante a la que alude el artículo 5 de la ley constituye un empréstito voluntario, por lo que debe concurrir el quórum mínimo de aprobación establecido en el artículo 148 inciso 2° de la Constitución, exigencia que no se habría verificado en la creación de la Ley de Presupuesto 2016 —texto reproducido en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto 2017—, por no haberse aprobado con los votos de los dos tercios de los diputados electos.
Mintras que la segunda, presentada por el abogado constitucionalista Enrique Anaya a mediados de marzo, señala que en el Presupuesto General de la Nación se ha omitido prever “todos los gastos que deberá afrontar el Estado en el año 2017” pues no se han incorporado “cuatrocientos treinta millones de dólares”. De este modo, la falta de recursos para cubrir distintos rubros alcanza el “8.8%” del presupuesto, situación que “no incide únicamente en relación a las partidas o asignaciones presupuestarias específicas, sino que afecta a todo el presupuesto estatal”.
Considerando que ambas demandas cumplieron con los requisitos para ser admitidas contra la Ley de Presupuesto 2017.
Ambas resoluciones de admisión fueron firmadas por unanimidad por los magistrados Berlarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Celina Escolán y Eliseo Ortíz