Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 27 de julio de 2021.
La discusión de una nueva Constitución, que será aprobada por la fuerza de un referéndum, sin que haya habido defensa de la actual, implica rompimiento constitucional, por no oponerse, las diferentes instancias institucionales: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada, que aprobaron tal rompimiento con su silencio. La clara oposición, de los gremios de Abogados y Jueces, denunciando tal hecho, ratifican el presente rompimiento constitucional.
El primer efecto es que el Órgano Judicial, se mueve al impulso de la Constitución de 1983, pero sin influir, sobre asuntos políticos relevantes, los que son decididos, por el arbitrio del Órgano Ejecutivo, resultando en una inseguridad jurídica advertida ya, desde el exterior y cuyos efectos comienzan a verse, por los juicios políticos iniciados la semana pasada, por la Ley Bitcoin y, la falta de atención a las demandas laborales, generadas por los despidos realizados por el Gobierno.
El segundo efecto, es la manipulación de la opinión pública, sobre temas políticos y técnicos, siendo la mayor manipulación, la proposición, de la nueva Constitución.
Esta propuesta, vuelve dudosa, la totalidad de los derechos que hoy posee el ciudadano, dentro de la República: libre determinación, libertad ambulatoria, propiedad, economía y libertad de culto; creando un sistema nuevo, sin saber si éste, irá acorde con la legislación secundaria vigente y, tratados internacionales. En este punto precisa acotar, que la legislación nacional, debe presentar perfil armónico con la comunidad internacional y en conformidad, establecer los lazos de cooperación y comercio. No podremos establecer el libre comercio, en condiciones favorables, si son disparejas las estructuras políticas, como lo sería si un país sufre dictadura y el otro, es democrático.
Si por estar en una transición constitucional, no existe el imperio de la Constitución, no será estable ni predecible, ningún Derecho bajo la aplicación de la Ley y, por lo tanto, sólo existirán la fuerza y, la oposición que pueda ejercerse en los medios, ya sea por la denuncia o, por la resistencia individual, en acto lícito de legítima defensa.
Esta situación no se había presentado desde 1979, cuando la Constitución de 1962, quedó en suspenso “en lo que no contrariara en lo dispuesto por la Proclama de la Fuerza Armada”. En aquel momento, sólo sirvió para el retorno al sistema Democrático, que permitió la estabilidad jurídica, durante un conflicto armado, alimentado por las superpotencias durante la Guerra Fría.
Ya hemos visto en Venezuela, el proceso que estamos viviendo hoy, en El Salvador: la institucionalidad ha caído. ¿pero por qué tal similitud?, por los asesores de este gobierno: venezolanos opositores, que han visto lo exitoso de la forma de manipulación realizada, por el Chavismo, hoy aplicanse las mismas estrategias y tácticas, en favor de éste Gobierno.
La comunidad internacional, ha visto estas similitudes en actores y su comportamiento, pero en base a la libre determinación de los pueblos, sólo corresponde a los salvadoreños, oponerse y luchar por sus Derechos inhibidos, si no se quiere replicar el régimen venezolano en El Salvador y, aunque con tendencias geopolíticas diferentes, con pensamientos autocráticos muy similares. Sólo la solidaridad de la sociedad salvadoreña, podrá detener el autoritarismo, que pretende dar leyes, para restringir derechos y acallar las voces disidentes. El cambio constitucional, es el inicio del fin de nuestras libertades.
La defensa de nuestra Constitución de 1983, armonizó los Derechos del Estado salvadoreño, con las pretensiones del FMLN, en un ente armónico y dinámico, dentro del concierto internacional: hoy debemos defenderla, del absolutismo de la tiranía.